Pedro Chávarry: la denuncia constitucional de Zoraida Ávalos en claves

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente el pasado 15 de mayo al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la irrupción ilegal y sustracción de documentos, de una oficina que había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que seguía contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

El informe de calificación de este caso fue debatido y votado este lunes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Con el voto mayoritario de Fuerza Popular, el grupo decidió declarar improcedentes dos de los tres delitos imputados a Chávarry. 

Así, se archivó la denuncia en cuanto a la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real. Pero se aprobó declarar procedente la imputación por atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), que contempla una pena menor en comparación con los otros ilícitos. 

A continuación los principales hechos y conclusiones a los que arribó la Fiscal de la Nación tras una amplia investigación.

-Investigación contra Keiko Fujimori y allanamiento-

En el marco de la investigación seguida contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez, realizó una diligencia de allanamiento y descerraje de las oficinas de la sede central del Ministerio Público el 4 de enero de este año.

Las oficinas, ubicadas en el piso nueve del edificio gubernamental, pertenecían a Juan Manuel Duarte, asesor del entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry. La finalidad de la diligencia era buscar información que relacionara al mencionado asesor con Fujimori Higuchi o alguno de los investigados del partido Fuerza Popular (FP).

La diligencia no pudo culminarse ya que una de las oficinas no estaba contemplada en la autorización judicial. Por ello, el fiscal dispuso lacrar la puerta de la oficina y ordenar su vigilancia policial por 72 horas.

El 6 de enero, con la orden judicial aprobada, Pérez Gómez regresó para ingresar a la oficina lacrada. Sin embargo, encontró que los precintos de seguridad habían sido violados.

-Ingreso a las oficinas -

Cámaras de seguridad del mismo Ministerio Público, mostraron luego que Rosa Venegas, ex asesora de Pedro Chávarry, junto a un guardia de seguridad del ex fiscal de la Nación, habían manipulado el precinto de seguridad de la oficina lacrada, habían ingresado y retirado documentación en cajas.

Por ello, se abrió una investigación contra Chávarry Vallejos por los presuntos delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado.

En el transcurso de la investigación, la ex asesoras Venegas se acogió a la confesión sincera y sostuvo que había sido Chávarry quien ordenó el ingreso a las oficinas lacradas.

Aseguró que el ex fiscal de la Nación los convocó para la mañana del 5 de enero en su despacho fiscal y allí mostró su preocupación por el allanamiento. Agregó que retiraron toda la documentación que pudieron.

A ello se sumaron testimonios de los agestes de seguridad del Ministerio Público, quienes declararon que Chávarry llegó ese día y se reunió con sus asesores. Además, aseveraron que por “orden superior” procedieron a cerrar las mamparas que conducían a la oficina lacrada.

-Interferencia en equipo Lava Jato-

Para contextualizar la acusación constitucional contra Chávarry Vallejos, la Fiscalía puso énfasis en detallar diversas actuaciones y razones que habrían llevado al ex fiscal de la Nación a obstaculizar la labor del Equipo Especial Lava Jato y ordenar el allanamiento a la oficina lacrada.

Según el documento al que accedió El Comercio, en su calidad de fiscal de la Nación, el denunciado realizó pedidos de información sobre el acuerdo de colaboración eficaz que a inicios de año estaba celebrando el Equipo Especial Lava Jato con la empresa Odebrecht y sus funcionarios, pese a conocer su carácter reservado de tal procedimiento.

“Se infiere una voluntad por parte del denunciado de invalidar la negociación y acuerdo de colaboración eficaz que podría perjudicar al mencionado partido político y a sus dirigentes”, concluye la Fiscalía de la Nación.

También, se afirma en la acusación, se habría acreditado que existió un acuerdo de mutuo apoyo entre los representantes de la mencionada agrupación política Fuerza Popular y el denunciado.

“Acuerdo que si bien no pudo haber sido expreso, se manifestó en una serie de acciones tal como describió el testigo protegido TP 2017-55-3, así como el contenido del “Chat La Botica” donde muestra coordinaciones para apoyarlo; y haber jurado como fiscal de la Nación pese a su vinculación con algunos investigados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, se indica.

Además, agrega la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, Chávarry habría mantenido una conducta “obstruccionista”, lo que se demostraría con el apartamiento de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Lava Jato.

“Dicha medida fue adoptada por Chávarry Vallejos, situación que se condice con el TP 2017-55-3 quien dijo que la ‘cúpula’ esperaba que el fiscal de la Nación remueva a José Domingo Pérez o lo saque de la investigación contra FP y de los casos Lava Jato”, anotó.

-Conclusiones graves-

Con todo ello, la fiscal Ávalos arribó a la conclusión de que lo presuntamente cometido por Pedro Chávarry Vallejos, era grave dado que cuando se sucedieron los hechos mantenía el cargo de fiscal de la Nación.

“Es decir, con plena capacidad para lograr la consumación del delito (…) por lo que en el caso concreto su ubicación en el más alto cargo del Ministerio Público le daba la posibilidad de consumar su cometido, como por ejemplo, realizando acciones de obstrucción y obstaculización de la investigación de manera directa o por medios de sus funcionarios o de manera directa”, se indica.

Explicaron que, si bien fue Venegas quien destruyó y arrancó las envolturas o sellos de la oficina, quien determinó que ella ejecutara el delito, fue el entonces fiscal de la Nación y hoy denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, “acción que fue claramente dolosa, tanto su profesión de abogado y además fiscal de la Nación”.

Se agrega en la denuncia que la presunta intervención de parte de Chávarry en la sustracción de los documentos resulta ilegal puesto que se evitó que el fiscal José Domingo Pérez, pudiera comprobar su hipótesis en la investigación contra Fujimori Higuchi.

“A la luz de los hechos que se han conocido en curso de la investigación resulta razonable sostener que, efectivamente, existieron especies con alto contenido incriminatorio, pues de otro modo, no habría existido razón para realizar una actividad altamente temeraria con la participación del máximo representante de la institución y de otros altos funcionarios”, se anotó.