Pedro Chávarry: ¿Por qué casos podría ser destituido e inhabilitado?

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry  podría ser destituido e inhabilitado por diez años de aprobarse en la Comisión Permanente y luego el pleno del Congreso el informe que el legislador Juan Sheput presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El documento, aprobado este lunes por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aborda cinco denuncias presentadas ante el Congreso contra Chávarry y el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Estas fueron formuladas por los congresistas Maritza García, Lizbeth Robles (Cambio 21), Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso), Marisa Glave, Katia Gilvonio, Alberto Quintanilla, Manuel Dammert (Nuevo Perú), la Bancada Liberal y el procurador anticorrupción Amado Enco.

Las cinco denuncias contemplan cinco presuntas infracciones constitucionales y los supuestos delitos de organización criminal, omisión de denuncia, tráfico de influencias, encubrimiento real y encubrimiento personal.

¿Qué denuncias aprueba el informe?

El informe recomienda a la subcomisión acusar a Pedro Chávarry por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento real, previstos en los artículos 317 y 405 del Código Penal. Por estos propone que Chávarry sea suspendido del ejercicio de sus funciones.

Sheput consigna en su informe que Chávarry habría mantenido una estrecha amistad con César Hinostroza, quien según la fiscalía fue el presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Esta habría operado dentro del sistema de justicia para favorecer el nombramiento de magistrados y de trabajadores.

El informe señala que 'Los Cuellos Blancos del Puerto' habrían apoyado a Chávarry en su proceso de ratificación como fiscal supremo ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Este apoyo se materializó con la adulteración de sus notas” en las evaluaciones que rindió, señala el documento.

Además, detalla que 'Los Cuellos Blancos del Puerto' también lo habrían apoyado en su elección como fiscal de la Nación. “Esto se concretó con la reunión en casa del señor Antonio Camayo con periodistas, y con las comunicaciones de algunos miembros de la red criminal con otros fiscales supremos a fin de asegurar los votos a favor” de Chávarry, señala el documento.

En su defensa, Chávarry dijo que no hay nada ilegal en las comunicaciones que sostuvo con Hinostroza ni nada que lo pueda vincular a una organización criminal. Agregó que no intervino en la coordinación de la reunión con periodistas en la casa de Camayo.

El informe también apunta que Chávarry habría omitido dolosamente denunciar a Hinostroza y a los ex miembros del CNM Guido Aguila, Orlando Velásquez, Iván Noguera y Julio Gutiérrez por el delito de organización criminal, pese a que la Procuraduría Pública Anticorrupción se lo había solicitado.

El documento resalta además que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial a cargo del Caso Lava Jato, dispuesta por Chávarry en diciembre pasado, en medio de un proceso de colaboración eficaz con Odebrecht, es otro indicio para acusarlo de encubrimiento real.

Sobre estas acusaciones, Chávarry dijo que sus decisiones se ajustaron al marco normativo vigente y que, a través de este, obedeció a su deber de velar por el correcto funcionamiento del Ministerio Público.

-Infracciones constitucionales-
Además, el informe recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a Chávarry por las infracciones a los artículos constitucionales 39 y 41, sobre la función pública; 43, sobre el Estado; y 158, sobre el Ministerio Público.

En este punto, Sheput se refirió nuevamente a la remoción de los fiscales Vela y Pérez y agregó que en la gestión de Chávarry como fiscal de la Nación se realizaron actos que demostraron poco compromiso con el trabajo de investigación del equipo fiscal del Caso Lava Jato.

“Estos hechos reñidos desde todo punto de vista con la lucha anticorrupción son razones determinantes para sostener que la confianza depositada [en Chávarry] se vio considerablemente aminorada y que, por lo tanto, corresponde que el Parlamento lo acuse por haber infringido los artículos 39°,41° y 43° de la Constitución”, señala Sheput.

¿Qué denuncias recomienda archivar?

El informe recomienda archivar la denuncia constitucional contra Chávarry por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal. Propone lo mismo sobre las acusaciones por presuntas infracciones a los artículos constitucionales 139, 146 y 159.

El informe señala que Chávarry “no ha faltado al deber de motivación” en la remoción de los fiscales Vela y Pérez, pues “cumplió con invocar sendas disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley de la Carrera Fiscal”.

Además, señala que Chávarry concluyó que Vela y Pérez debían retomar a sus respectivos puestos de origen. Por ello, señaló, no infringió el artículo 146 de la Constitución, sobre garantías aplicables a la función jurisdiccional.

¿Qué proceso seguirá este informe en el Congreso?

El reglamento del Congreso señala que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe someter el informe a debate y votación para aprobarlo o rechazarlo. Luego debe enviarlo a la Comisión Permanente.

El presidente de la esta última comisión, Daniel Salaverry, tendrá que ordenar la distribución del informe a todos los miembros y convocar a una sesión, donde nuevamente el informe será sometido a votación.
Si en esta instancia se aprueba el informe acusatorio, este será debatido y sometido a votación en la máxima instancia del Congreso: el pleno. Allí se tomará la decisión final.

Clave
El informe no incluye la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Chávarry por la violación de oficinas lacradas en el Ministerio Público. Esta denuncia está pendiente de ser declarada admisible o no en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.