Los problemas de inscripción de militantes han revivido rencillas en el partido de Alfonso Ugarte que cuestionan la legitimidad de las actuales autoridades. (Foto: GEC)
Los problemas de inscripción de militantes han revivido rencillas en el partido de Alfonso Ugarte que cuestionan la legitimidad de las actuales autoridades. (Foto: GEC)

Tras la instalación de la Comisión de Constitución, el principal punto en agenda será el debate del proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo. Aunque es difícil que esta iniciativa prospere –como señaló este Diario en la edición del 11 de agosto–, de hacerlo, dos de los principales partidos políticos podrían llegar al próximo proceso electoral con serias dificultades de organización.

Dos son los problemas principales: falta de reconocimiento de las directivas de y del ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como irregularidades en el reconocimiento de militantes inscritos.

Luego de un largo proceso, en agosto del 2016 el Registro de Organizaciones Políticas del JNE resolvió anular la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular, elegido un año antes. Su propio Comité Nacional de Elecciones, presidido por el exministro Uriel García Cáceres, solicitó que la elección interna de autoridades sea desconocida, porque el órgano electoral que la llevó a cabo presentaba irregularidades. Así, la elección de Rafael Vásquez Neyra como secretario general quedó sin efecto.

Sin secretarios, Acción Popular no ha podido elegir a un nuevo presidente que reemplace a Mesías Guevara, cuyo mandato está vencido. “Si alguien objeta una elección, el ROP detiene todo [el proceso de inscripción]. Se van llenando de denuncias y no le dan solución. Es una responsabilidad compartida”, señala el congresista de AP Edmundo del Águila.

¿Qué consecuencias puede tener esto para la convocatoria a elección de candidatos? La inmediata es que no reciben financiamiento público desde el 2017, pues se necesita una dirigencia reconocida ante el ROP. Además, fuentes de AP explican que se necesita que el secretario general esté registrado para habilitar las cuentas de la agrupación y rendir cuentas con miras a un proceso electoral.

En principio, el partido ha elegido un Comité Nacional Electoral (CNE) que espera llevar a cabo las elecciones internas este año. Este órgano ha permitido que AP seleccione candidatos para los procesos electorales, pese a sus problemas de organización.

—Problemas en el Apra—
En una situación similar se encuentra el Apra. El martes, la dirigencia regional de La Libertad solicitó la expulsión del congresista Elías Rodríguez por haber convocado a un plenario nacional sin contar con representatividad en el partido, pues el JNE anuló la inscripción de las autoridades elegidas en el 2017.

Al margen de los intereses de los representantes del norte, el reclamo tiene un sustento real: su actual dirigencia no ha sido reconocida por el ROP. En marzo del 2018, la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Política y otras autoridades partidarias elegidas en el Congreso Nacional del 2017 fue anulada. Uno de los argumentos fue que varios de los delegados y de las autoridades electas no figuran como militantes del Apra en el ROP.

Este argumento está relacionado al segundo problema del Apra: 100 mil militantes, de acuerdo a los cálculos de esta organización, no han sido reconocidos por el ente electoral por problemas administrativos –errores en el tipeo de nombres, en el reconocimiento de los números de DNI que empiezan con cero, entre otros– que arrastran desde el 2010. Estos afiliados no podrán ser elegidos candidatos al Congreso, a menos que vayan como invitados.

Omar Quesada, exsecretario general del Apra, explica que antes del último congreso partidario, el JNE había convalidado a las autoridades que figuraban inscritas en el ROP o en los padrones del partido. A partir del 2017, solo lo hicieron con las que figuraban en el registro del ente electoral.

El Apra planea resolver la legalidad ante el JNE en el Congreso Nacional de octubre. De lo contrario, sus elecciones podrían ser impugnadas. Pero la solución de la inscripción de militantes no es tan fácil como reinscribir como nuevos a los militantes antiguos, pues los estatutos del partido exigen cierta antigüedad para poder postular a cargos de representación interna, explica Quesada. Los militantes que han corregido su situación ante el ROP han gastado entre 20 y 40 soles, según Quesada. Multiplicado por el número de inscripciones con problemas, el gasto es elevado, por lo que la principal tarea de la nueva dirigencia será buscar una salida con el JNE.

—Sin financiamiento—
Ni AP ni el Apra han recibido financiamiento público desde el 2017. APP, que obtuvo más votos que ellos, ha recibido S/2,4 millones en ese período para capacitaciones y gastos ordinarios.

—Complicaciones por posible disolución—
En el caso de Fuerza Popular, las complicaciones del partido no pasan por controversias en el JNE, sino por las investigaciones judiciales.

El equipo especial del Caso Lava Jato evalúa solicitar al Poder Judicial la disolución de la organización política fundada por Keiko Fujimori. Antes de hacerlo, el Ministerio Público deberá solicitar la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica al proceso, tal como lo hizo el fiscal Germán Juárez con el Partido Nacionalista.

El Frente Amplio también presenta problemas con el reconocimiento de militantes. Nuevo Perú, aún no inscrito, tendría inconvenientes si se aplica la norma aprobada que exige tener como mínimo un año de militancia antes de la convocatoria a elecciones, como requisito para ser candidato, pues el plazo empieza a contar desde la inscripción del partido.