Procurador: Si TC falla a favor de demanda de competencia avalará “un fraude a la Constitución”

El procurador público en materia constitucional, Luis Alberto Huerta, se presentó en la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) para defender la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República el pasado 30 de setiembre. Advirtió que un fallo a favor de la demanda competencial que impulsa Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, sería avalar un “fraude a la Constitución".

“Si fallan a favor de la parte demandante (Congreso de la República), estarán lamentablemente avalando un fraude a la Constitución y la cuestión de confianza. Si la declaran infundada, estarán a favor de la deliberación política en asuntos públicos por parte de la ciudadanía en su conjunto", manifestó ante el TC.

Huerta cuestionó a Pedro Olaechea y enfatizó que el recurso busca principalmente atentar contra la posibilidad de que la ciudadanía resuelva una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“El objetivo central de la parte demandante, la pretensión principal es cuestionar la facultad presidencial de disolver el Congreso. En otras palabras, el objetivo es limitar, restringir, cuestionar el derecho de la ciudadanía a ser convocada a elecciones para resolver la crisis política”, aseguró el procurador.

El representante del Ejecutivo acusó al disuelto Parlamento de haber tenido una actitud constante en contra de la facultad para presentar cuestiones de confianza a través de cambios en su reglamento.

“La segunda conducta evidenciada por el Congreso contraria a la cuestión de confianza, es cuando se aprueba formalmente pero el Congreso adopta una posición contraria a la que se planteó o se aprobó [...] En su mensaje a la Nación, el presidente de la República señaló claramente que hubo una aprobación formal de la cuestión de confianza pero había sido denegada en los hechos (por la inmunidad parlamentaria)”, recordó.

Huerta participó en la audiencia del TC luego que se pronunciaran tres posiciones en contra de la disolución del Congreso: Pedro Olaechea (quien presentó la demanda competencial), y dos abogados del Parlamento (Jorge Campana y Enrique Ghersi).