El exministro de Transportes y Comunicaciones prófugo de la justicia desde hace más de un año, Juan Silva Villegas, apeló desde la clandestinidad a dos sanciones con el objetivo de seguir cobrando su sueldo como director de un colegio estatal de Puente Piedra en el 2022, reveló “Cuarto poder” este domingo.
Silva presentó recursos contra la decisión de la Unidad de Gestión Educativa Local N ° 4 (UGEL 4) de congelarle al menos dos salarios de S/ 4.500 cada uno por no asistir a la Institución Educativa 5178 Víctor Andrés Belaunde.
El exministro del gobierno de Pedro Castillo retomó sus funciones como director de ese colegio luego de dejar el Gabinete Ministerial en febrero del año pasado. No obstante, acudió pocos días, por lo que la UGEL 4 retuvo sus sueldos.
Luego, debido a las apelaciones de Silva, el caso pasó a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, entidad encargada de impartir justicia ante reclamos de trabajadores públicos.
Servir se pronunció a favor de la UGEL debido a que Silva no estaba impedido de movilizarse, pues no se encontraba recluido en ningún centro penitenciario ni estaba bajo detención domiciliaria; es decir, pudo ir a trabajar.
Según informó “Cuarto poder”, ni la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ni Servir notificaron al sistema de justicia sobre las gestiones que Silva realizó desde la clandestinidad. Ambas aseguraron que ese acto no les compete.
El presidente del tribunal de Servir, Sandro Núñez Paz, precisó al citado programa: “Nosotros, aquí en el tribunal, cuando venga algún requerimiento de fiscalía o de la policía para que demos todos los datos, [lo haremos] con el mayor gusto, sin ningún inconveniente”.
Según informó “Cuarto poder”, Silva presentó un tercer recurso de apelación contra otra sanción, y Servir aún tiene pendiente pronunciarse por este.
Silva fue oficialmente declarado prófugo de la justicia en junio del 2022, cuando tuvo una orden de captura solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el Poder Judicial. El exministro debe cumplir una orden de prisión preventiva por 36 meses por un caso de presunta organización criminal y colusión.
Para la fiscalía, el extitular de Transportes y Comunicaciones sería uno de los cabecillas de una red criminal que supuestamente operó durante el gobierno de Castillo para manipular licitaciones públicas y copar puestos en el Estado.
