Ley de publicidad estatal: advierten nuevas infracciones a la Constitución

A mediados de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) emitirá su decisión respecto a las demandas presentadas por el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio (Ppk) contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados de comunicación.

El viernes 24 de agosto, los magistrados del TC dejaron al voto las demandas contra la referida norma, que fue iniciativa del parlamentario aprista Mauricio Mulder y que contó con el respaldo de la bancada de Fuerza Popular para su aprobación por insistencia. 

Tras la vista de esta causa, el abogado y profesor Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, y los estudiantes Dana Masumura, Christine De la Torre, Eduardo Dibos y José Carlos Britto, presentaron ante el TC un análisis detallado que advierte las infracciones a la Constitución que existen en la cuestionada norma.

En este informe especializado, enviado como amicus curiae, tiene nuevos argumentos a los que presentaron desde el Gobierno y el oficialismo en sus demandas.

Por ejemplo, sustenta que dicha ley no solo viola los derechos de información y libertad de expresión, sino también el principio constitucional de subsidiariedad sobre la actividad empresarial estatal. 

En diálogo con El Comercio, Calderón explicó que en el artículo 60 de la Constitución se indica que las empresas estatales no pueden realizar una actividad donde existe oferta privada suficiente. 

"Cuando tú dices 'en este mercado no van a entrar privados y solo la empresa estatal', cambiaste toda la lógica subsidiaria. Todo es estatal. Eso es una vulneración clarísima a la Constitución", afirmó. 

Ese no es el único argumento respecto a la subsidariedad. El periodista y abogado también advierte en el informe respecto a un "monopolio estatal", como un peligro. Es decir, manifestó que en algunas zonas del país solo existía un medio de comunicación pequeño y local. Con la ley de publicidad estatal, estos medios independientes podrían salir del mercado al no tener los ingresos. 

"La consecuencia es que puedas tener un monopolio estatal en determinada zona. Entonces si hay un monopolio que pudiera preocupar realmente es el estatal en los medios de comunicación porque no les das oportunidad a que los ciudadanos reciban información no oficial, no controlada, no visada por quien en ese momento depende el poder público", agregó. 

Asimismo, en otra parte del informe, demuestra la infracción al derecho de la libertad de expresión, como también lo hizo el Ejecutivo y los parlamentarios en contra de la ley. Pero adjunta casi treinta declaraciones de políticos a favor de la norma que revelan –indica el documento– que junto al objetivo de la ley existía una voluntad de cuestionar cómo los medios estaban haciendo su labor. 

"Al introducir la variable del cuestionamiento a los medios de comunicación, lo que traslucen es que junto con la norma, el tema del gasto público era más una excusa. Puedes estar muy desacuerdo con lo que hace un medio de comunicación, y en el informe no hacemos ninguna valoración sobre eso, pero lo que no puede hacer es usar el poder legislativo para canalizar los cuestionamientos que tengas a los medios de comunicación", sentenció.