“Se ha bajado significativamente el ritmo de las megaoperaciones”

Rubén Vargas analiza la situación del sector Interior. Puso énfasis en las megaoperaciones contra el crimen organizado. Señaló que se ha bajado el ritmo de su ejecución, ya que en el 2017 se realizaron hasta seis por mes. En abril de este año, solo hubo una.

— El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, fiscal Jorge Chávez Cotrina, declaró hace unos días que se había reunido con el ministro del Interior y que iban a retomar las megaoperaciones. ¿Esto significa que durante más de un mes las megaoperaciones han estado suspendidas?
Bueno, durante el mes de abril se ha realizado solo una megaoperación, en la región Piura. Fue una operación muy exitosa e importante contra una organización criminal que se dedicaba principalmente a la extorsión en las obras que se están ejecutando en el marco de la reconstrucción. Estuvo dirigida por el general Cervantes, un excelente general, y también por el general Sotil de la Dirincri, otro excelente general. Sí, en efecto, se podría decir que se ha bajado significativamente el ritmo. Durante el 2017 se realizaron en promedio seis megaoperaciones mensuales. Cuando dejamos el cargo, dejamos en carpeta varias megaoperaciones ya listas para ser ejecutadas.

— ¿Cuántas?
Nos propusimos como meta para el 2018 realizar no menos de 120 megaoperaciones, con base en las investigaciones que ya se tiene contra las organizaciones criminales a escala nacional. Pero de esas 120, hay varias que quedaron embalsadas como consecuencia de la visita del Papa y por la Cumbre de las Américas. Esas operaciones embalsadas están listas para su ejecución.

— ¿Y por qué no se han reanudado? Ya estamos en mayo… Los jefes policiales a cargo de todas estas unidades encargadas de las megaoperaciones se han mantenido en sus puestos, ¿no? ¿Por qué no actúan?
Sí, se mantienen en sus cargos. Y son generales muy buenos, así como sus equipos. Lo que tal vez falte es darles el respaldo político a esas operaciones. Ya van más de 30 días de gestión del nuevo ministro, pero todavía no ha podido designar al viceministro de Orden Interno. Este funcionaba como un articulador entre las unidades especializadas de la policía, la inteligencia y el Ministerio Público, que no es un trabajo sencillo, hay que estar atento a cada uno de los temas y detalles que permitan finalmente hacer la operación. Tal vez lo que se necesita es que el ministro termine de una vez de armar su equipo.

— Ahora, el primer ministro dijo en su discurso en el Congreso lo siguiente: seguiremos implementando la estrategia multisectorial Barrio Seguro y, desde el lado operativo, implementaremos la estrategia policial Vecindario Seguro, bajo un modelo de policía comunitaria. ¿Vecindario Seguro es un cambio de política en relación a Barrio Seguro?
En realidad, ambos proyectos deberían complementarse. Vecindario Seguro es estrictamente policial, generar presencia policial cercana a la gente en los barrios, especialmente en las zonas que están en rojo en el mapa del delito. Barrio Seguro, en cambio, es una estrategia multisectorial para recuperar espacios públicos, dar trabajo, educación, para evitar que los jóvenes terminen arrastrados a círculos delictivos. No tendrían por qué contraponerse.

— Barrio Seguro, que despertó mucha expectativa por su concepción, porque está localizado precisamente en los barrios más peligrosos, ¿está siendo abandonado?
Creo que sería una gran pérdida para el país si se continuara abandonando ese proyecto. Digo abandonando porque claramente no tiene el interés de la actual gestión. Entiendo que los equipos que trabajaban en Barrio Seguro han sido separados del cargo y no los han recompuesto con nuevos cuadros técnicos. Es una pena porque se tomó mucho tiempo en definir los perfiles profesionales idóneos y, además, se trabajó muchísimo para finalmente conseguir del BID un fondo de 60 millones de dólares para que financie este proyecto y también la modernización de la inteligencia policial. Entonces, si no se tiene el cuidado de seguir trabajando con Barrio Seguro, es posible que se pierda ese fondo del BID.

— ¿El equipo que manejaba la parte de la reforma de la inteligencia policial también ha sido separado?
El préstamo del BID tenía dos componentes principales. Uno, Barrio Seguro, y otro, el trabajo de fortalecimiento de la inteligencia policial. Lo que tengo entendido es que se estaría trabajando para modificar las actividades que estaban ya previamente aprobadas con el BID para Barrio Seguro y no se estaría haciendo el trabajo que se venía haciendo para modernizar y fortalecer la inteligencia policial, y se perderían esos fondos del BID si se sigue con este ritmo.

— ¿En qué consistía el proyecto de modernización de la inteligencia policial?
Por un lado, en recibir el apoyo de la inteligencia colombiana para asesorar especialmente en los procesos y en la doctrina de inteligencia. Los colombianos han avanzado muchísimo en su inteligencia policial por los problemas que han tenido que enfrentar y porque han sido receptivos a la colaboración de las principales agencias de inteligencia, especialmente la británica, la israelí y la americana. No hay policía que pueda ser fuerte institucionalmente hablando si no tiene una adecuada inteligencia y una contrainteligencia que permite enfrentar especialmente a la corrupción interna. Además, estaba prevista la compra de softwares y de equipos precisamente con fondos del BID. Estaba ya disponible un fondo de cooperación técnica, pero entiendo que tampoco se está usando.

— ¿Qué avances ha habido ya en la reforma de la inteligencia policial? En la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin), por ejemplo, que estaba venida a menos…
Por primera vez en la historia, en el 2017 se hizo una selección entre los egresados de las escuelas. Todos fueron poligrafiados. Los 800 que aprobaron el examen y el polígrafo fueron traídos a Lima y capacitados para que pudiesen trabajar como agentes de inteligencia dentro de la Dirin para luchar contra las bandas.

— ¿Contra las bandas? ¿No contra el crimen organizado?
Contra las bandas.

— Pero contra el crimen organizado, ¿quién hace la inteligencia?
La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y también las unidades especializadas. En la Digimin hay un equipo de búsqueda dirigido por el general Carlos León, muy profesional, muy comprometido, con gente muy honesta que hace una inteligencia A1 contra el crimen organizado. Pero entonces –nosotros dijimos–, falta enfrentar a las bandas, a los marcas, a los raqueteros. Precisamente para eso es que se formaron los 800 agentes. Entiendo que parte de esos agentes son los que están apoyando a la región policial Lima, que está a cargo de un excelente general, el general Gastón Rodríguez, que le está permitiendo ahora adelantarse a los asaltos a los bancos y a las casas de cambio, como ha ocurrido el jueves.

— Tú dejaste un plan, una estrategia, de lucha contra las bandas. ¿Eso se está aplicando entonces?
Me gustaría decir que sí, pero me parece que todavía no se está ejecutando como fue planeado. Conseguimos, después de muchas reuniones con el fiscal de la Nación, que un pool de fiscales se adscribiera a equipos dentro de la Dirincri para que trabajen como se hace en crimen organizado, pero para golpear a las bandas, y que este equipo de fiscales iba a tener una jurisdicción en Lima Metropolitana. Además, se iba a trabajar con información que saliera desde los penales, que no se aprovecha, y para eso se iba a aplicar el programa de recompensas y también con reducción de penas por colaboración de los internos en los penales. Todo esto para adelantarnos a las acciones que puedan realizar las bandas.

— El tema de la lucha anticorrupción dentro de la policía, de la depuración de la policía, es algo que no ha sido mencionado en el mensaje del primer ministro. ¿Cuál es la agenda pendiente en ese tema?
Desde mi punto de vista, las condiciones son inmejorables para tener un gran acuerdo político por la seguridad en el país. El actual ministro del Interior ya lo había mencionado precisamente en tu entrevista. Y lo que estamos viendo ahora en el Congreso es un ánimo de colaboración con el actual gobierno. Desaprovechar este momento sería un pecado.

— ¿Y qué contenido debería tener ese acuerdo?
Primero, es importante que el ministro del Interior tenga la certeza de que va a tener el respaldo político de las fuerzas políticas del Congreso en la tarea de enfrentar ese monstruo de la corrupción que todavía está vivo al interior del sector y de la Policía Nacional. Para evitar que sigan reingresando oficiales, especialmente generales, que fueron pasados al retiro por renovación. El Poder Judicial está ordenando el reingreso de estos oficiales con resoluciones que no tienen mucho sentido.

— Se necesitaría una ley para contener ese tema.
Claro, se necesitaría una ley pero también un compromiso del Poder Judicial de no estar amparando pedidos que ya no tienen sentido y que hacen daño a la policía.

— Pero el problema es que los jueces son autónomos.
Pero se necesita que en el acuerdo político participen también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Costó muchísimo esfuerzo conseguir la pirámide en la policía porque en el gobierno de Humala se hizo un festín con los ascensos y, en vez de una pirámide, lo que se tenía era una papa, por decirlo de alguna manera. Se pasó al retiro por renovación a cerca de 800 oficiales, entre generales, coroneles. Pero ahora están volviendo por decisión judicial. Entonces el acuerdo político tendría que alcanzar eso. También tendría que generar el compromiso de buscar financiamientos adicionales a la lucha contra el crimen organizado. El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional siempre están en una situación precaria en términos presupuestales. Un acuerdo, por ejemplo, para que reviertan a estas entidades los fondos que se generan por el remate de los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado.

“La policía está atada de manos  [en el Vraem]”

— ¿Qué hacer con el Vraem?
Para eso también sería importante tener ese acuerdo político: ¿qué hacemos con el Vraem? ¿Vamos a seguir mirándolo del costado, sabiendo que del Vraem sale el 70% de cocaína del Perú y que tenemos 8.500 miembros de las FF.AA. en el Vraem para 200 narcoterroristas? Tiene que ser parte de un acuerdo político porque entrar al Vraem va a tener algún costo y la policía necesita saber que va a ser apoyada por la clase política.

— Allí hay un problema de estrategia…
Así es, por eso también se necesita el acuerdo político para que la lucha contra el narcotráfico en el Vraem sea responsabilidad de la policía. En este momento es una zona gris en la que nadie es responsable y de esa zona gris se beneficia el narcotráfico. Lamentablemente en el 2017, con el gobierno de PPK, se tomó la decisión equivocada de entregar el Vraem a las FF.AA. Pero si el 70% de la cocaína que se exporta sale del Vraem, ese es un tema policial. Actualmente, la policía está atada de manos porque para hacer una operación tiene que pedir permiso a las FF.AA.

— ¿Y también para enfrentar a los remanentes senderistas o narcoterroristas, a la columna de Quispe Palomino?
Parte de ese acuerdo político podría ser que la policía, porque eso es lo que constitucionalmente le corresponde, se concentre en enfrentar al narcotráfico en el Vraem y al terrorismo que lo enfrenten las FF.AA. Y que haya un nivel de comunicación para el intercambio de inteligencia.

— Pero estas columnas en realidad son narcotraficantes también y protegen al narcotráfico. Entonces, ¿por qué no le encargas todo a la policía, con apoyo de las FF.AA. para formar brigadas móviles que den golpes con inteligencia?
Estoy completamente de acuerdo contigo. El ministro de Defensa me dijo, cuando aún era viceministro, que estaba de acuerdo con devolver el Vraem a la policía. Ojalá que se mantenga en ese pensamiento. Pero, ojo, no solo pasa por darle esa responsabilidad, sino también darle los fondos y la logística para enfrentar este problema porque sería perverso repetir lo que hizo Ollanta Humala: le encargó a la policía el Vraem pero no le asignó ni un solo helicóptero, ni una sola bicicleta.

— ¿Cuánto cuesta mantener 8 mil o 9 mil soldados y 60 bases, cuya presencia en el Vraem no tiene sentido en esa magnitud? Podrías desescalar esa presencia y ahorrar dinero.
Y parte de esos recursos asignarlos a la policía para que enfrente al narcotráfico.

— ¿Ese sería el acuerdo?
Exactamente. Y el otro acuerdo que se necesita es qué hacemos con la minería ilegal, especialmente con la de Madre de Dios. Los mineros ilegales ya están dentro de la reserva, dentro del área natural protegida. Sabemos que hay muchos hijos de la minería ilegal que tienen poder político. Entonces, para enfrentar eso también se necesita algún nivel de acuerdo.