Salvador Heresi señaló que los funcionarios responsables fueron sancionados con cuatro y cinco años de inhabilitación para ejercer algún cargo público. (Foto: Archivo El Comercio)
Salvador Heresi señaló que los funcionarios responsables fueron sancionados con cuatro y cinco años de inhabilitación para ejercer algún cargo público. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , afirmó que él no tuvo ninguna responsabilidad en los gastos injustificados por más de S/2 millones que hizo la Municipalidad de San Miguel durante su última administración como alcalde de ese distrito, entre el 2011 y el 2014.

“Es importante resaltar que la Contraloría General de la República no menciona ninguna responsabilidad directa o indirecta por parte del suscrito en ninguno de sus informes y resoluciones de sanción cuando yo era alcalde”, refirió el también congresista de Peruanos por el Kambio a través de una carta.

Según informó el programa “Panorama”, la contraloría indicó que la comuna a cargo de Heresi realizó 326 pedidos de compra de fertilizantes sin sustento técnico y sin detallar la ubicación de las áreas a las que iba a ser destinado.

Por esa irregular compra, el ex alcalde de San Miguel sancionó a tres funcionarios municipales: Juan Carlos Takahesu, Jesús Santos Bazán y Jimmy Julio Sánchez Gutiérrez.

Sánchez Gutiérrez asumió la responsabilidad total, se comprometió a restituir el dinero y solo fue suspendido 1 mes por ello. Este funcionario, según el reportaje, nunca concretó la devolución del dinero.

Salvador Heresi, no obstante, señaló que los funcionarios responsables fueron sancionados con cuatro y cinco años de inhabilitación para ejercer algún cargo público.

“En esa línea, saludo que la Contraloría General de la República, dentro de sus facultades, haya realizado una auditoría integral del tema y concluido con la sanción de los responsables”, indicó el ministro.

Finalmente, Salvador Heresi reiteró su compromiso para seguir desarrollando “una gestión transparente y eficiente que tenga como prioridad combatir frontalmente la corrupción”.