“Quiero aclarar las cosas” es la primera frase ensayada por César Villanueva. El problema con el ministro de Economía en torno al Impuesto a la Renta le recordó a algunos la situación que derivó en su renuncia al gobierno de Ollanta Humala, por lo que el jefe del Gabinete quiere zanjar el tema. Aprovecha para fijar metas hacia el final del año y descartar la debilidad atribuida al gobierno.
—El rubro económico generó esta semana las primeras contramarchas del gobierno. Para que quede claro, ¿realizarán cambios en el Impuesto a la Renta (IR)?
No haremos ningún cambio en el IR. Allí hubo un malentendido. El pedido de facultades sí muestra medidas que van a tomarse en política tributaria por propuesta del MEF, pero es un marco global que implica elusión y evasión. El IR, cuando se habla, por ejemplo, de las facturas electrónicas, es solo un medio para crear una cultura sobre esta responsabilidad tributaria. No para cobrar un centavo más.
—La presentación del ministro de Economía, David Tuesta, en la Comisión de Presupuesto del Congreso tenía una página referida a alinear los topes del IR de personas naturales a la tendencia regional. Usted estaba a su lado.
No se van a variar. La lámina era una muestra gráfica de cómo es el comportamiento. Se puso la comparación con lo que pasa en México, Chile, etc.
—Lo que decía el ministro es precisamente que había un margen para elevar el umbral en el Perú.
Lo hay. Pero son realidades distintas y cada uno maneja la suya. En nuestro caso, no vemos una situación dramática económicamente para hacerlo. La ley del IR no sufrirá ninguna modificación que tenga que ver con alguna carga impositiva, ni mayor ni menor.
—¿Estaba al tanto de que Tuesta hablaría del IR ante la comisión?
En realidad, de forma concreta, no. De manera global, sí. Porque es parte del sistema tributario.
—Para algunos, esta “enmendada de plana” se asemeja a la situación que desencadenó su renuncia al gobierno de Ollanta Humala. ¿Coincide con esa afirmación?
No estoy enmendándole la plana al ministro ni él a nosotros. Es parte de una política global. Quizá se han malentendido algunas cosas, pero no hay contradicción entre decisiones políticas del gobierno y del ministro.
—¿Un “malentendido” fruto de una falta de coordinación entre la PCM y el MEF?
Diría que de una falta de mejor comunicación, más que de coordinación.
—¿Tuesta continuará en el Gabinete?
Naturalmente.
—Elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es otra medida controversial. ¿Por qué hacerlo de la noche a la mañana y no dar plazo a las empresas para que, por lo menos, puedan adecuarse?
Porque si no actuábamos rápido, teníamos una inversión pública frenada, un enfriamiento en la inversión privada y un aumento en los gastos corrientes.
—¿Conversaron con los actores antes de dictar la medida?
El MEF tuvo que hacer este trabajo preliminar. Es un trabajo que le corresponde.
—Si uno de los objetivos era reducir el consumo de productos nocivos, ¿cómo se explica la inclusión de los vehículos nuevos en ese rubro?
Estamos saturados en una ciudad con tráfico caótico y poco organizado. Teníamos que ver cómo controlábamos y desacelerábamos ligeramente el ingreso de vehículos.
—La medida también puede desacelerar la renovación del parque automotor.
Podría, pero no necesariamente en los vehículos de uso más comercial.
—¿Evaluaron el riesgo del contrabando? ¿Cómo pretenden atacarlo?
Siempre es una preocupación. Hemos revisado los datos históricos y no encontramos una relación tan directa [entre elevación del ISC y aumento del contrabando]. Acompañaremos con medidas de control progresivas. Es un elemento que no solo se da por estas modificaciones, que en realidad son una actualización de precios.
—Dijo que uno de los pilares de este gobierno será la promoción de inversiones. ¿Qué grandes proyectos son prioritarios para el Ejecutivo?
La explotación de recursos mineros y la promoción de la política petrolera. Ahí entrarán todos los proyectos que han cubierto ya condiciones como la evaluación del impacto ambiental o la licencia social. Hay otros que todavía tienen que pasar por eso.
—¿Proyectos como el aeropuerto de Chinchero y el gasoducto sur peruano están entre las prioridades?
Chinchero es una, por supuesto. Quedó inconcluso y vamos a retomarlo por obra pública. Es mejor hacer una concesión solo sobre la operación.
—¿Cuándo se iniciaría la obra?
Calculo que en no más de un mes.
—¿Y el gasoducto?
Es una prioridad porque hay un problema de gas irresuelto. Tenemos que ver cómo se resuelve el tema financiero sin afectar la caja y hacerlo. Como no será suficiente la rentabilidad, integraremos lo que se pensó al inicio: una petroquímica en el sur. Eso atraerá inversionistas.
—¿El proyecto podría adjudicarse antes de fin de año?
Tenemos el entusiasmo de llegar. Veremos cómo va la evaluación.
—En los próximos meses las obras de reconstrucción marcarán la cancha. ¿Qué meta se fijan para los seis primeros meses de gestión?
Partimos sobre la base del 10% que se avanzó en el período anterior. Nos hemos propuesto, para este año, hacer una inversión de S/4.000 millones de los S/22.000 millones que quedan. Es decir, ejecutar 20% más.
—El gobierno delega mucho protagonismo en los gobiernos subnacionales para este proceso. ¿Cómo enfrentarán el riesgo que conlleva la próxima renovación de autoridades subnacionales?
Con una estrecha coordinación con la contraloría y su intervención en las distintas fases: ex ante, control concurrente y ex post. También estamos tendiendo mecanismos permanentes de control a través de la autoridad de la reconstrucción y los sectores. Habrá una red que nos permita ver cómo evolucionan esos proyectos.
—¿La carga de la ejecución seguirá recayendo en los gobiernos regionales y locales? Porque, aunque haya ciertas excepciones, existe un problema de capacidades.
Los gobiernos nacionales han estado muchas veces retrasados en relación con la ejecución de los regionales o locales. Obviamente es más fácil decir: “Bueno, [por] la falta de capacidad de esta gente no lo hace”. Hemos rearmado el diseño de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios para que equipos sectoriales y técnicos estén permanentemente en contacto con los ejecutores subnacionales. El plan es, cada seis meses, revisar todo.
—¿Edgar Quispe seguirá al mando de la autoridad de la reconstrucción?
Sí. No habrá ningún cambio.
—Lo pregunto porque el gobierno criticó el accionar de la gestión anterior en este aspecto. Entonces, podría resultar contradictorio mantener a quien lideró parte de esa tarea.
Se pudo haber llamado al genio del sector privado o público, pero el esquema para intervenir en la reconstrucción era el que estaba totalmente equivocado. Al cambiarlo, no tenemos que cambiar al ejecutor. Hemos entrado a seguir lo bueno y corregir lo que haya que corregir. Eso no implica hacer un barrido de personas.
—¿Se cansó un poco de que le digan conspirador?
Mira, puedo entenderlo. Lo he tomado con la calma de siempre. Conspiración habla de oscuridad, secreto o accionar bajo la mesa. Desde mi cargo [de congresista] apoyé fuertemente al presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta la primera vacancia. Cuando nos dimos cuenta de cómo se manejó el tema relacionado con el indulto de Alberto Fujimori, asumí un papel públicamente [a favor de la vacancia], no me escondí. Eso no es conspiración.
—¿Se arrepiente de haber negado públicamente una eventual participación en el gobierno de Vizcarra?
Sí, lo dije. Cuando me llamó Martín, le dije: “Te agradezco, pero me metí en esto [la vacancia] con zapatos y todo”. Finalmente, me dijo: “Es el país el que importa”. Me puso en una encrucijada de decir: “Ahora tienes que asumir otra responsabilidad”.
—Bueno, ya llegó a la mitad del tiempo que estuvo como primer ministro del ex presidente Humala.
[Ríe] es bueno que me lo recuerdes porque, si yo fuera un conspirador por ambición de ser primer ministro, no hubiese tenido la valentía de renunciar. A mí no me ilusiona un fajín ministerial. Me ilusiona hacer cambios, ayudar a un presidente honesto y noble como Martín. Y me gusta que la descentralización, absolutamente necesaria, se dé desde una visión provinciana como la nuestra.
—En estos casi dos meses de gobierno, ¿cree que lo están logrando?
Estamos haciendo todos los esfuerzos y lo haremos hasta el último día.
—¿Qué resultados concretos le gustaría mostrar luego de los seis primeros meses del gobierno?
Que el país recupere la confianza en sus autoridades. Y para recuperar la confianza, los discursos ya no valen. Lo que vale es el trabajo. Cumplir, por pequeñas que sean las cosas, lo que estamos planeando. Ayudar a desatar nudos. No tener la soberbia de un cargo para no bajar a decir: “Vamos haciéndolo juntos”. Eso mostramos en cada viaje. La desconfianza, falta de credibilidad y politiquería barata han ido distanciándonos.
—Muchos, sin embargo, cuestionan esta idea de supeditar decisiones como la eliminación tributaria o revisiones de peajes a la opinión ciudadana. ¿Por qué optan por ese camino?
Nunca seremos un gobierno de dictadura, que verticalmente imponga cosas. Creemos que el diálogo es el camino. Quienes no consultan a la gente son los débiles. Se escudan en su poder para tomar decisiones por el resto. Debemos tener autoridades lo suficientemente humildes para saber escuchar. Un ejemplo será cuando eliminemos la primera exoneración [tributaria].
—Cuando el gobierno esté convencido de que una medida como esa es necesaria y la ciudadanía no esté de acuerdo, ¿se aplicará?
Si Loreto determina no eliminar una exoneración que favorece a diez personas frente a un millón de personas no beneficiadas, es su decisión. Pero tiene que saberse públicamente.
—Si el Ejecutivo cree que eliminar la exoneración es lo mejor, ¿por qué no hacerlo?
Iremos tantas veces como sea necesario a convencerlos. A nosotros no nos van a arrastrar a hacer las cosas con fuerza o violencia. Y eso no significa debilidad. Por ejemplo, de los peajes lo único que dije es: “Hay que revisar cuando sea necesario”. Vamos a defender la seguridad jurídica, pero si se demuestra que el concesionario está incumpliendo, ¿cerramos los ojos? Lo revisaremos en el marco de la ley. No en una dictadura.
—Probablemente, si consultaban lo del ISC, la gente no lo hubiese aceptado.
Estoy seguro de que sí [lo hubiese hecho].
—¿Descarta, entonces, debilidad o populismo del Ejecutivo?
Totalmente. Convencer a la gente es el camino más claro y transparente.
—También deben convencer al Congreso con las facultades. Congresistas como Mauricio Mulder ya mostraron su oposición a que el Ejecutivo legisle sobre reformas políticas por carecer de “políticos de trayectoria”.
Los políticos de trayectoria deben estar en el Congreso, me imagino. Por eso tenemos una crisis política tan fuerte. Somos un equipo que probablemente no tenga trayectoria política larga de partido, pero sí de compromiso social. Las reformas políticas no se hacen con nombres, sino con sentido común.
—¿Considera a ese tipo de discurso un obstáculo para la renovación?
La política debe renovarse permanentemente. Necesitamos que los jóvenes entren a la política. Dicen que es un asco y se ponen a mirar desde el balcón. Pero esa política que deploran es la que decide por ellos. Entonces, tienen que meterse.
—Ya que hablamos de renovación, ¿considera que la presidencia del Congreso debería seguir en manos de Fuerza Popular o preferiría un cambio?
Ahí vamos a ver, pues, la madurez política del Congreso. Ellos eligen su Mesa Directiva.
—Usted también es congresista.
Un congresista prestado al Ejecutivo [ríe]. No puedo asumir dos funciones a la vez.
—Como miembro del Ejecutivo, ¿siente que la bancada oficialista lo sigue siendo?
Sí. Tenemos una muy buena relación con la bancada. El presidente se reúne cada cierto tiempo, y yo [lo hago] cuando es necesario. Hay muy buena comunicación.
—¿Con todos sus miembros? Porque algunos señalan que usted prefiere reunirse con congresistas de otras bancadas.
Probablemente haya una cuestión de pareceres. La política seria es conversar todos, más allá de las diferencias. El mismo presidente conversará con todos los líderes políticos. Una vez que terminemos con las urgencias de facultades y la reconstrucción, definiremos fechas. Nadie sobra en este país.
—El Parlamento aprobó en primera votación la cadena perpetua y –como medida accesoria– la castración química para violadores de menores de 14 años. ¿Cuál es su posición al respecto?
La castración es una medida que no resuelve el problema. Hay que ver medidas de otro tipo. Ya se aprobó la cadena perpetua. No es necesaria la castración.
—De aprobarse en una segunda votación, ¿el Ejecutivo observará la norma?
Eso habrá que valorarlo. Tenemos que evaluarlo bien.
