(Composición: El Comercio)
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Alicia Rojas Sánchez
Alicia Rojas Sánchez

Sombras en las contrataciones del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de . Cuatro afiliados a la agrupación del lápiz están involucrados en contrataciones ensombrecidas. Dos habrían recibido pagos fraccionados, una percibió doble pago por parte del Estado y la cuarta fue designada pese a estar inhabilitada para ejercer la función pública.

En mayo del 2019, frente a la militancia de en Jauja, una de las voces políticas del partido destacaba la alta participación de personas sin experiencia en el GORE de Junín. Eran los primeros meses de la segunda gestión de cuando Arturo Cárdenas Tovar, secretario de organización nacional de Perú Libre, informaba a sus correligionarios que “casi el 99% de funcionarios del Gobierno Regional [de Junín] son militantes del partido, cuadros que inclusive nunca han estado en gestión pública, jamás en su vida”.

El discurso de Cárdenas adquirió sentido tiempo después. El 8 de mayo del mismo año, un Informe de visita de control del Órgano de Control Institucional (OCI) del GORE Junín advirtió “situaciones adversas” en la designación de funcionarios en cargos de confianza, que superó el límite de 5% de plazas.

El informe consignaba la “designación de 38 funcionarios en cargos de confianza que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos” tanto en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y en el Clasificador de Cargos de Junín.

Estas designaciones “no responderían de manera idónea sobre la base de los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades”, precisa el informe.

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