¿Cuáles son los fundamentos de la nueva medida cautelar de Daniel Salaverry?

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, acaba de presentar una medida cautelar cuyo objetivo es evitar que el pleno vote el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días, por presuntamente haber consignado reportes de sus actividades de semana de representación con información falsa.

¿Cuáles son los fundamentos de este nuevo recurso que se suma a la demanda de amparo presentada la semana pasada? A continuación, detallamos los argumentos jurídicos de la medida cautelar que pide suspender los efectos de la resolución con la cual se acordó investigar a Salaverry.

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La Comisión de Ética emitió el 18 de marzo la resolución  113-2018-2020 con la cual se acordó investigar a Salaverry. Este dice, en su documento presentado ante la jueza del Noveno Juzgado de la Libertad,  que en esa resolución se imputa responsabilidad por el contenido falso de los informes de representación, pero "no se describe de manera clara y expresa la conducta que [Salaverry] ha desplegado".

Expresa que tampoco se ha motivado la razón que justifique dicha omisión ni se ha establecido cuál sería el tipo de responsabilidad atribuida. "Hasta la fecha, la Comisión de Ética no ha cumplido con efectuar una debida comunicación previa y detallada de los cargos que se me imputa, tal como lo exige el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", reza el documento.

-Presidenta de la Comisión excede sus funciones-
Daniel Salaverry sostiene que la actuación de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PpK), excede lo previsto en la resolución 113-218-2020. 

"Pese a que la investigación es por presunta responsabilidad en la falsedad de los informes de representación, la presidencia ha solicitado copia fedateada de diversos documentos que no están relacionados con la investigación", se lee en el documento con el que se pide la medida cautelar.

"Eso demuestra una falta de imparcialidad por parte de la presidenta, lo que afecta mi derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial", dice Salaverry.

El titular del Parlamento indica que el 17 de mayo solicitó una nueva audiencia para ejercer su derecho de defensa, una vez que se haya subsanado todas las irregularidades de carácter constitucional que habría incurrido dicha comisión, pero no se programó ninguna audiencia, lo cual, reitera, vulnera su derecho de defensa y al debido proceso.

-Violación de principios de legalidad y culpabilidad-
Salaverry sostiene que se ha violado los principios de legalidad que señala que corresponde a la ley limitar respecto al ámbito del ilícito sancionable de modo que no puede ser objeto de regulación reglamentaria ni mucho menos de precisiones "extranormativas".

El documento indica que eso significa que las conductas deben estar exactamente delimitada, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al "arbitrio" de la administración. 

En cuanto al principio de culpabilidad establece que solo se puede imponerse una sanción si es que la conducta prohibida y su consecuencia están previstas legalmente. 

Salaverry dice que la Comisión de Ética le pretende imputar de manera indebida e ilegal una infracción que no está prevista en el Código de Ética Parlamentaria, sino en el reglamento interno de la comisión, lo cual sería inconstitucional.

El ex parlamentario de Fuerza Popular precisa en su escrito que en su caso se "trasgrede de manera grosera el principio de legalidad, pues, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, las sanciones deben estar establecidas en una norma con rango de ley no en normas reglamentarias".

Para fundamentar aquello, Salaverry resalta que el Código de Ética Parlamentaria fue aprobado mediante una resolución Legislativa y cumple con el principio de legalidad, pero el reglamento de la comisión es una norma reglamentaria interna aprobada solo por los miembros de la comisión y que solo vincula a sus miembros.

Reitera que el Código de Ética Parlamentaria establece que los congresistas son sancionados éticamente solo por la infracción a ese cuerpo normativo. Que la Comisión de Ética está habilitada para aprobar por la vía del reglamento el procedimiento y la escala de multas, pero no para desarrollar ni para tipificar inconductas éticas, pues eso violaría el principio de legalidad.

Daniel Salaverry afirma que por esa razón pidió a la presidenta de la comisión que explique cómo se le puede atribuir una falta que no está prevista y sancionada en una norma. Asegura que hasta ahora no le ha respondido.

- Se incumplió principio de tipicidad-
El titular del Legislativo añade que tampoco se ha respetado el principio de tipicidad, pues no se ha comunicado de manera previa y detallada cuáles son los cargos imputados y qué conducta específica del Código de Ética se ha vulnerado.

Igualmente, Salaverry advierte que se ha transgredido el principio de culpabilidad pues hasta ahora la presidencia de la comisión  no ha cumplido en comunicar de forma previa y detallada cuáles son los cargos imputados y cuál es su supuesta culpabilidad en los términos que exige el Tribunal Constitucional.

-Violación del derecho a la dignidad-
Igualmente, Salaverry dice que se ha violado su derecho a la dignidad de la persona humana por el hecho de que se haya acordado investigarlo sin ser informado previamente de manera clara y precisa, lo cual, indica, menoscaba su honra y reputación, es decir su dignidad.

Salaverry también sostiene que si bien todos tienen derecho a presentar pruebas dentro del proceso, pero que a él no le permitieron ejercitar ese derecho de defensa. Precisa que pidió con urgencia un peritaje grafotécnico a una serie de documentos, pero el pedido no fue atendido. Añade que tampoco respondieron a su requerimiento para que él  y su abogado sean citados en la fecha en que acudirían los testigos y se votaría el informe final.

-Actuación indebida de Miyashiro-
En el documento también se atribuye una actuación indebida al congresista Marco Miyashiro, quien presentó de oficio la denuncia contra Salaverry.

Según el reglamento, los miembros de la comisión que hayan hecho una denuncia no pueden participar en el proceso de investigación de esa denuncia. Daniel Salaverry, dice que, sin embargo, el legislador de Fuerza Popular continuó participando en el proceso de investigación.

Finalmente, el presidente del Congreso expresa en el documento que existe un peligro en la demora del recurso de amparo que presentó la semana pasada. Sostiene que ese proceso constitucional podría tomar un buen tiempo en resolverse y hasta podría llegar al Tribunal Constitucional, y que en ese tiempo el pleno del Congreso podría confirmar la sanción de 120 días de suspensión que ha recomendado la Comisión de Ética. Por eso pide a la jueza que declare fundado su medida cautelar.