La fiscalía ha solicitado que la alcaldesa Susana Villarán y su ex hombre de confianza José Miguel Castro sean procesados por los aportes de Odebrecht a la campaña contra la revocatoria cumpliendo una orden de prisión preventiva. El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tendrá que decidir si este pedido procede.
Ambos funcionarios eran investigados por el delito de lavado de activos bajo comparecencia restringida. La fiscalía ha decidido variar la medida restrictiva contra Villarán y Castro después de recoger testimonios de ex directivos de Odebrecht y OAS en Brasil.
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¿Pero quién es y por qué incluyen a José Miguel Castro en este caso?
Lo que Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, ha revelado en sus declaraciones es que en cada caso de presuntos sobornos o aportes ilícitos a campañas había intermediarios entre la constructora y las más altas autoridades. Lo habrían sido Josef Maiman con Alejandro Toledo; Luis Alva Castro, Luis Nava y Miguel Atala con Alan García; Susana de la Puente con Pedro Pablo Kuczynski; Gil Shavit con Félix Moreno, entre otros.
José Miguel Castro, según el testimonio de Barata, habría cumplido esta función en la receptación de aportes para la campaña contra la revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán. La fiscalía tiene información sobre la entrega de US$10 millones por parte de las constructora Odebrecht y OAS a las campañas contra la revocación y a la reelección de Villarán, entre el 2012 y el 2014. Castro habría participado, al menos, en las reuniones con los ex directivos de Odebrecht para concretar sus aportes.
Castro, economista e hijo del ex diputado de Izquierda Unida Julio Castro, fue gerente general de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán. Como funcionario tuvo conocimiento detallado sobre la inversión en infraestructura de la comuna.
A inicios del 2014, Castro anunció que la inversión pública del municipio alcanzaría los S/500 millones, y que había dos megaproyectos en ejecución: Vía Parque Rímac, a cargo de OAS, y Vías Nuevas de Lima, concesionada al consorcio Rutas de Lima, integrado por la brasileña Odebrecht.
Barata ha declarado que cuando empezó el proceso de revocatoria contra Villarán (fines del 2012) recibió una llamada de Castro para reunirse con él en la Municipalidad de Lima. El ex jefe de Odebrecht en Perú acudió junto a Raúl Ribeiro, representante del consorcio Rutas de Lima, pues pensaba que iban a hablar sobre el proyecto Vías Nuevas de Lima.
Aquel día, Castro le habría pedido una contribución de US$3 millones. Ribeiro ha confirmado que Castro le hizo ese pedido a Barata. El dinero se distribuyó de dos maneras: US$2 millones se pagaron al publicista de la campaña Valdemir Garreta y US$1 millón se pagó en efectivo a Castro, según Barata.
Documentos extraídos de los servidores My Web Day B y Drousys muestran registros de pagos por US$711 mil a 'Budián', nombre clave con el que los directivos de Odebrecht se referían a Castro. Según Barata, Castro le habría pedido que cumpla con el aporte prometido incluso después de que el ex directivo dejó la empresa en Perú.
Además, Castro habría participado en la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Gabriel Prado, ex gerente de seguridad ciudadana, para recibir dinero de la constructora. Andrés Sanguinetti Barros, representante de BPA, se reunió con Castro y Prado en el hotel Novotel.
“Yo no he recibido un sol del señor Barata y nunca le he pedido nada al señor Barata, nada”, ha señalado Castro en su defensa. También negó la reunión con Sanguinetti.
La gestión del ex funcionario edil ha sido cuestionada desde que se denunció manejos irregulares en la Caja Metropolitana cuando él presidía esta institución. “La náusea que me produce quienes quieren manchar la honra de personas honestas como José Miguel Castro”, escribió Susana Villarán en defensa del ex gerente municipal en el 2014.
El Órgano de Control Interno de la (OCI) de la Caja Metropolitana había detectado un conjunto de operaciones sospechas. Una de las más cuestionadas fue la entrega de un crédito hipotecario directo por US$2 millones y una línea de hasta US$4,5 millones para una obra inmobiliaria del empresario chileno Andrés Múñoz, ex jefe y amigo cercano de Castro.
"Yo soy presidente del directorio, pero no soy ejecutivo, no soy quien asigna los créditos, sino que hay un proceso regulado por la SBS [Superintendencia de Banca, Seguros y AFP] en un directorio colegiado", afirmó Castro en su defensa en esa oportunidad.
La situación del ex hombre de confianza de Susana Villarán se resolverá en la audiencia del lunes a las 9 de la mañana.