Fiscal: OAS y Odebrecht dieron US$10 millones a campañas de Susana Villarán

Por Graciela Villasís Rojas  / Martín León Espinosa

El fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava Jato, pidió al Poder Judicial que se varíe el impedimento de salida del país por la prisión preventiva de 36 meses para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

La misma medida se solicitó para José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien también está prohibido de dejar el país.

Además, el fiscal Puma pidió 36 meses de prisión preventiva para el ex funcionario edilicio Gabriel Prado, así como para Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.

La solicitud de Puma es por la investigación relacionada a los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación y la reelección de Villarán (en este último caso solo OAS), así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla (o Vía Parque Rímac).

En los casos de Villarán y Castro, los delitos que se les imputan son asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, analizará el requerimiento en una audiencia que se realizará el lunes 13.

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—El expediente—
En el expediente presentado ante el despacho de Chávez, al que El Comercio tuvo acceso, se señala que, "en el 2013, la asociación ilícita creada por la entonces alcaldesa Susana Villarán y su gerente municipal José Miguel Castro efectuaron unas serie de acciones con la intención de perpetuarse en el poder".

En primer lugar, se pidió dinero a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocación. Esto a cambio de beneficios para dichas empresas.

“Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Villarán de la Puente, a través de José Miguel Castro, solicitó a las empresas Odebrecht y OAS dinero para financiar la campaña por el No a la revocatoria”, señala el expediente. 

En el documento se detalla que a cada constructora brasileña se le pidió US$3 millones. Los requerimientos se verifican a través de declaraciones de testigos y colaboradores de la fiscalía de ambas compañías, así como registros de llamadas telefónicas. En otra parte del requerimiento además se señala que "la campaña por el No de Villarán habría sido financiada principalmente por dos grandes fuentes", en referencia a Odebrecht y OAS, y que el dinero se utilizó para pagar la publicidad y el márketing político (FX Comunicaciones, de Valdemir Garreta, contrató a Epoke Consultoría, de Luis Favre).

Los montos, de acuerdo con el documento, son de procedencia ilícita (de la caja 2 de Odebrecht y de la ‘Controladoría’ de OAS).

Hasta la fecha, se conocía que Odebrecht había entregado US$3 mlls. para la campaña contra la revocación. En abril, el ex jefe de la firma brasileña en el Perú Jorge Barata ratificó esa entrega de dinero en su testimonio a la fiscalía peruana. A Valdemir Garreta se le entregaron US$2 millones para la publicidad de la campaña por el No y US$1 millón directamente a José Miguel Castro. Barata incluso declaró que Villarán lo llamó luego del aporte para agradecerle.

En el caso de OAS, Valdemir Garreta declaro a la fiscalía que esta firma brasileña le había entregado US$1 millón para la campaña. 

En el documento presentado por el fiscal Puma además se menciona, respecto a los US$3 millones, que "la caja 2 [la 'Controladoría' de OAS] entregó US$1'000.000 a una persona de nombre Luis Gómez Cornejo".

Además, en la solicitud de prisión preventiva se describen una serie de hechos que relacionan la entrega de dinero de Odebrecht para la campaña contra la revocación y el proyecto Vías Nuevas de Lima.

Cabe recordar que en enero del 2013 la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima S.A.C. –en la que Odebrecht fue accionista–suscribieron el contrato de concesión de ese proyecto.

Asimismo, se vincula el aporte de OAS con la adenda N°1 del proyecto Línea Amarilla. Esta adenda, firmada el 13 de febrero del 2013, un mes antes de la revocación, autorizó la ampliación de la concesión de peajes de 30 a 40 años.

—El intento de reelección—
En el documento se indica que, para la campaña municipal del 2014, en la que Susana Villarán buscaría la reelección, OAS entregó US$4 millones en respuesta a un pedido de José Miguel Castro.

En el requerimiento se cita la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía, que señaló que Castro pidió a José Adelmário Pinheiro Filho (conocido con Léo Pinheiro, ex presidente de OAS) "dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán por US$4'000.000, a lo que el segundo [Pinheiro] aceptó, siendo que Castro decía que 'por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar' [...] Castro señaló a César Meiggs [para quien también se ha pedido prisión preventiva] para la entrega del dinero".

Según fuentes cercanas a la investigación fiscal, ese pedido de dinero se dio en el contexto de un nuevo favorecimiento a OAS en el contrato de concesión de la Línea Amarilla.

En total, las dos empresas brasileñas entregaron US$10 millones para las dos campañas de la ex alcaldesa de Lima: Odebrecht US$3 mlls. y OAS US$7 mlls.

El Comercio intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

José Humberto Orrego Sánchez, abogado de José Miguel Castro, dijo a este Diario que ya fue notificado, aunque aún no tiene el expediente. Sin embargo, consideró que no se justifica un cambio a una medida más gravosa para su defendido porque este ha tenido una buena conducta procesal durante la investigación que se le sigue. "No estoy de acuerdo", recalcó.

Tesis fiscal sobre la presunta organización criminal de la ex alcaldesa Susana Villarán: