Las bancadas de Contigo y Alianza para el Progreso han defendido el proceso de elección de candidatos al TC. (Foto: Difusión)
Las bancadas de Contigo y Alianza para el Progreso han defendido el proceso de elección de candidatos al TC. (Foto: Difusión)
Redacción EC

El Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y juristas presentaron ante el Poder Judicial una demanda de amparo contra el para que se suspenda la elección de seis magistrados del , programada para este lunes 30 de setiembre.

“Hemos presentado una medida de carácter cautelar que tiene como objetivo la suspensión del proceso de selección que se desarrollaría la próxima semana. El día 30 es la fecha en la que el Congreso de la República ha convocado la elección de los miembros del TC”, afirmó el abogado de IDL, Carlos Rivera, en Canal N.

El abogado dijo que espera que el juzgado al que ha ingresado este recurso considere las “graves irregularidades” registradas en el proceso de elección del TC.

“Esperamos que el juzgado tenga la disposición de tomar en consideración las graves irregularidades de las que hemos dado cuenta en este documento […] y tome la decisión de ordenar y disponer la suspensión de ese proceso por considerar que hay graves afectaciones a derechos y estándares fundamentales de elección [de los miembros del TC]”, señaló.

Carlos Rivera manifestó que el proceso que debe seguir una demanda de amparo es “simple y concreto” ya que no se necesita actividad probatoria ni declaraciones, por dañar derechos constitucionales.

“En este caso se están lesionando los derechos al acceso de la justicia, a la participación política que tiene el rango de derechos constitucionales y es la razón por la cual hemos optado por este proceso constitucional de amparo contra el Congreso de la República”, sostuvo.

El abogado precisó que con esta medida no se está atentando contra la autonomía del Congreso que tiene como parte de sus funciones la elección de los miembros del TC, pero sí se está estableciendo “que todo acto que desarrolle algún funcionario público también puede ser objeto de control de legalidad y constitucional”.