Rumbo a la cobertura universal en salud, por Elmer Huerta

La semana pasada el Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia N° 017-2019, que establece medidas para que el Perú logre la cobertura universal de salud. Es difícil encontrar a alguien que pueda oponerse a tan noble objetivo. Pero el demonio está en los detalles, y ahí es donde la norma ha originado diversas observaciones.

Seguros de salud

Por más gratuito que parezca, todo servicio de salud tiene un costo, alguien paga por él. En sistemas de atención universal como el de Canadá o el de países europeos, quien paga es el gobierno, y los servicios son homogéneos para toda la población. En sistemas eminentemente privados, como en EE.UU., el seguro se obtiene a través del empleador, y por su elevado precio, deja millones de personas sin cobertura.

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En el Perú, las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (Iafas) son las organizaciones que brindan seguros de salud, los cuales son de dos tipos: privados y estatales. Los últimos son Essalud, el Sistema Integral de Salud (SIS), los seguros de las Fuerzas Armadas y el seguro de la Policía. Las privadas incluyen cuatro empresas proveedoras de salud (EPS): Rímac, Mapfre, Sanitas y Pacífico.

El SIS tiene cuatro tipos: gratuito, independiente, microempresas y emprendedor. En tanto, Essalud es financia do por los pagos que hacen los empleadores; y las EPS complementan los servicios básicos que reciben los asegurados de Essalud, que paga por esa cobertura extra.

Debido a que en cualquier sistema de salud la cantidad de dinero que se dispone para pagar por los servicios es finita, todos los pagadores tienen listas o menús básicos de enfermedades y procedimientos médicos que solventan a sus asegurados.

En el Perú, esa lista básica está incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), y está compuesta por 1.110 enfermedades y 530 procedimientos integrados en seis grupos: población sana, pediatría, obstetricia y ginecología, algunos tipos de cáncer, enfermedades infecciosas, y enfermedades crónicas (incluye algunos diagnósticos de salud mental). Además de ese plan de cobertura básica, existe otro de cobertura, llamado plan complementario, que paga por enfermedades y procedimientos –como el cáncer– que no están en el PEAS. Por último, el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), financia un grupo de 400 enfermedades conocidas como de alto costo (entre las que están siete tipos de cáncer, las enfermedades huérfanas y la insuficiencia o falla renal crónica, que requiere diálisis hasta encontrar un riñón para el trasplante). Se estima que 25% de los gastos en los pagos de aseguramiento en salud se dedican al pago del PEAS y 75% al plan complementario y al Fissal.

También dispone que para fines de marzo del 2020, en las más de 8.000 instituciones prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud (Minsa), se implemente un sistema electrónico para que los pacientes obtengan sus citas médicas y para que los profesionales de salud extiendan sus recetas médicas electrónicamente.

Lamentablemente, este ambicioso plan se anuncia sin asignar un aumento en el presupuesto del Minsa o del SIS. Al parecer, los funcionarios del ministerio están apostando a que –debido a que las personas más enfermas ya están incluidas en el SIS– la inclusión de esos 4 millones de personas jóvenes, no incurrirá en gastos extraordinarios. Es posible también que confíen en la recaudación que puedan obtener en el plan semicontributivo del SIS, luego de catalogar a los ciudadanos de acuerdo con su vulnerabilidad económica; proceso que debe estar listo a fines de febrero del 2020.

¿Vaso semilleno o semivacío?

Como toda decisión de salud pública, las opiniones con respecto al decreto están divididas. Unos piensan que al saberse las enormes carencias y deficiencias que tiene el sistema de salud actual, la nueva ordenanza es un plan populista, irreal y que va a empeorar las cosas. Ellos se preguntan: ¿cómo se van a atender a 4 millones de personas más con la misma cantidad de dinero? Hay temor de recortes importantes en los planes complementarios y de las enfermedades de alto costo.

Otros, al contrario, piensan que el decreto es una oportunidad hacia un cambio positivo en el sistema de salud y dicen que si no se empieza ahora, cuándo se va a empezar.

Corolario

Si analizamos lo descrito, vemos que ha sido esencialmente una discusión sobre el pago de los gastos ocasionados por enfermedades, la mayoría avanzada e incurable. El tema de la prevención y la promoción de la salud ha brillado por su ausencia. De seguir así, no habrá dinero que alcance para pagar por todas las enfermedades del futuro.

Pensamos que esta es una excelente oportunidad para replantear el sistema de salud y desarrollar el cuidado primario en el ámbito del vecindario, en las postas médicas. Para eso, va a ser necesario que ministros y presidentes dejen de adorar el populismo de los hospitales y se den cuenta de que el bienestar del ciudadano –con prevención y promoción de la salud– está en la implementación de postas médicas amigables y de calidad. De otro modo, el Ministerio de Salud tendrá que cambiar su nombre a ministerio de enfermedades.

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