COVID-19: pueblos indígenas de Perú enfrentan escasez de alimentos y deficiencias en atención de salud

El cierre total de sus territorios fue la primera medida que adoptaron las comunidades indígenas cuando el gobierno peruano, el 16 de marzo, decretó el Estado de Emergencia ante el avance del coronavirus.

Cerraron caminos, puentes, impidieron el ingreso de embarcaciones por ríos e incluso prohibieron los vuelos a lugares lejanos. Así, casi un millón de personas que viven en comunidades indígenas amazónicas de Perú apostaron por el aislamiento como la mejor forma de protegerse de la amenaza del nuevo virus.

Ahora, a un mes del inicio del aislamiento en Perú, las comunidades enfrentan más de un problema. Escasez de productos básicos, falta de servicios de salud y la ausencia de protocolos para atender a esta población ya de por sí vulnerable ante cualquier enfermedad.

“Durante las tres primeras semanas de cuarentena hemos insistido para ser visibles ante el gobierno”, dice Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

El líder indígena señala que entre las propuestas presentadas al Ejecutivo consideran como las más importantes la atención en los servicios de salud, la implementación de un mecanismo de apoyo económico, la entrega de alimentos de primera necesidad y de mascarillas para su protección. “Se tienen que tener listos los protocolos desde el Estado. ¿Por qué han demorado tanto en visibilizar a los pueblos indígenas?"

El jueves 9 de abril, el presidente Martín Vizcarra dijo que el gobierno está preparando un plan específico para las comunidades indígenas y amazónicas. “Como Estado debemos tener una propuesta integral de atención”, manifestó. Sin embargo, el tiempo pasa y los planes aún no se concretan.

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Problemas de abastecimiento

Por lo menos 200 miembros de comunidades indígenas estaban de paso en Iquitos cuando el gobierno peruano decretó el Estado de Emergencia y el inicio de la cuarentena. La mayoría había llegado a la ciudad para hacer trámites de rutina o recibir atención médica.

Desde entonces, la situación se tornó crítica para estas personas que no contaban con los recursos suficientes para permanecer en la ciudad durante la cuarentena.

“Incertidumbre, abandono, necesidad, son los sentimientos de nuestros hermanos que vinieron a Iquitos sin saber que no iban a regresar a sus comunidades por la cuarentena”, dice Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

El líder indígena cuenta que algunos de ellos dormían en sus botes anclados en los puertos y trataban de sobrevivir como podían, mientras otros recibían ayuda de sus familiares. “Sus viviendas son muy precarias y comparten espacios muy reducidos”, apunta.

Hasta ahora, la única atención que han recibido ha sido la entrega de canastas con productos básicos que ordenó el gobierno se entregue a las familias de menos recursos.

Pero no ha sido el único caso. “Hemos mapeado unos 500 indígenas que viven en Lima que son awajún y wampís. Y desde Ucayali nos ha llegado una lista que solicita el bono de 380 soles”, dice Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Loreto es una de las regiones con mayor cantidad de casos de COVID-19 en Perú, hasta el momento se han reportado 332 casos en esa región y son nueve las personas fallecidas.

Hace una semana, el virus llegó al centro poblado San Lorenzo, en Datem del Marañón, habitado por indígenas y colonos. El temor ante la llegada del coronavirus está presente en todas las comunidades indígenas.

“No hay abastecimiento de insumos básicos. Los pueblos indígenas están abandonados. Solo una cooperante pudo llegar a tiempo con ayuda de víveres a los sectores de Santa Clotilde y Cushillococha”, agrega Pérez de Orpio.

El miércoles 8 de abril, una comisión multisectorial se reunió para evaluar la situación de Loreto. “Hemos establecido el comando Covid en esa región y continuaremos con las otras regiones amazónicas”, explica Acevedo, viceministra de Interculturalidad.

Acevedo señala que han sido las mismas organizaciones indígenas las que han colocado los temas en la agenda. Uno de estos puntos es la escasez de productos básicos en las comunidades. “Estamos evaluando cómo llegar a las comunidades para complementar su canasta básica. Pero tenemos que hacerlo con las mejores condiciones. El protocolo lo tenemos que diseñar con el sector Salud. Si se toma la decisión de llevar algo tiene que ser con toda la seguridad necesaria”, aclara.

Por su parte, el presidente de Orpio reclama que el tema indígena no es una prioridad. “Tuvimos que insistir para que nos escuchen”, comenta con relación a la reunión de todos los sectores para analizar las acciones en Loreto.

“En Ucayali hay migrantes indígenas que viven en las ciudades en los denominados Asentamientos Urbanos Interculturales”, comenta Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

Diques señala que estas comunidades urbanas congregan a una gran cantidad de personas. Le preocupa que se trata de población vulnerable porque ganan su sustento diario con trabajos informales. “Ahora no pueden realizar sus actividades y los problemas de falta de alimentos se agudizan para ellos”.

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El control de las vías

Julio Cusuriche, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), señala que cumplir la cuarentena está resultando difícil para las 37 comunidades que pertenecen a esta organización.

El 25 de marzo, Fenamad envió una carta a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, solicitando que se incluya a las comunidades nativas en la entrega del bono de 380 soles que ha dispuesto el gobierno para las familias de escasos recursos económicos. “Ha empezado la escasez de los productos que no se producen en el campo. Y el bono de 380 soles no llega a las comunidades”, precisa Cusuriche.

El presidente de la Fenamad precisa que los líderes indígenas de la organización se mantienen en constante comunicación para tener un panorama de lo que sucede cada día en las comunidades. “No se permite el ingreso ni salida de los territorios. Las comunidades nativas fueron las primeras que cerraron sus fronteras para cumplir el aislamiento social. El control lo hacen los mismos comuneros, sin la presencia de policías y militares”.

Walter Quertehuari, presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA), señala que su mayor preocupación es la posibilidad de que ingresen personas ajenas a la comunidad por el acceso que hay hacia la región Cusco. “Sabemos que hay personas que están escapando para la selva, además que transitan vehículos que trasladan alimentos. Tememos que el virus llegue porque somos una población muy vulnerable”.

En Loreto el aislamiento de las comunidades no ha sido del todo respetado. Cuando ya se había decretado la cuarentena, embarcaciones que salen desde Iquitos hacia Mazán y el río Napo partieron evadiendo la orden de inamovilidad.

“Hemos tenido que bloquear los ríos para impedir que transite cualquier tipo de embarcación”, cuenta Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua).

La viceministra de Interculturalidad, Acevedo, señala que uno de los ejes considerados para atender a la población indígena es el control territorial. “Existen demandas para lograr un control efectivo en ríos y puertos y estamos coordinando con los gobiernos regionales y las Fuerzas Armadas. Inicialmente no hubo un control efectivo en los ríos”, reconoce.

Acevedo confirma que durante la primera semana de aislamiento social hubo embarcaciones que partieron de Iquitos, pero que el gobierno regional ha tomado el control. Sin embargo, la funcionaria señala que la realidad de cada región es distinta y por ello deben actuar de acuerdo a cada lugar. “En la selva central el acceso es principalmente por carretera, mientras que en Madre de Dios los ingresos se pueden dar por Puerto Maldonado o Cusco. Esto nos plantea más retos para resguardar sus vidas”.

Desde la Selva Central, Irupé Cañari, asesora legal del Comité Central de Autodefensa del Valle del Río Ene (CARE) también se refirió a los problemas de tránsito que se han presentado en la Selva Central. “Existe mucho traslado de colonos de la cuenca del Ene, trabajadores migrantes que se habían trasladado de Ayacucho, Junín y Cusco hacia el VRAEM. Ahora están tratando de regresar a su localidad tomando la ruta que va desde Pichari en Cusco hasta Satipo en Junín”.

En este caso preocupa a Cañari que quienes circulan por esta vía se conviertan en un riesgo de contagio para las comunidades indígenas ubicadas a lo largo de la carretera. “La semana pasada hubo movimiento masivo por esta carretera. Nos preocupa porque potencializa el riesgo”.

Cañari también menciona que hasta el momento no hay ningún caso de COVID-19 en las comunidades nativas de la Selva Central. “Eso es alentador”, agrega. Sin embargo, le preocupa que ya se han reportado dos contagios en Pichanaki, ciudad ubicada a una hora de Satipo, zona de ingreso a las comunidades nativas del VRAEM.

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Vigilancia comunal

Los monitores forestales de Loreto están usando ahora la tecnología que tienen al alcance para difundir entre las comunidades indígenas las acciones de prevención contra la pandemia.

“Enviamos las cartillas e infografías con información de cómo prevenir el contagio a través del whatssapp de los teléfonos que usamos para el monitoreo de las acciones ilegales en nuestros territorios”, cuenta Betty Rubio, presidenta de Feconamncua e integrante de la red de monitores forestales creada por la organización Rainforest Fundation US.

Así, relata Rubio, las medidas de prevención están llegando a las comunidades del río Napo en Loreto, además de que pueden intercambiar información de lo que sucede en cada lugar.

Los monitores han descargado la infografía elaborada por Orpio en los teléfonos y tablets que normalmente usan para rastrear la deforestación. Estas herramientas tecnológicas ahora las utilizan para brindar información a las comunidades.

Una acción que busca, de alguna forma, suplir las serias deficiencias que presentan los servicios de salud en las comunidades nativas. Según el censo de 2017, de cada diez comunidades indígenas en Perú, menos de cuatro cuentan con un centro de salud en sus territorios, situación que coloca a los pueblos indígenas en mayor riesgo.

Según la antropóloga Beatriz Huertas, la situación de los pueblos indígenas es de extrema vulnerabilidad. La desnutrición y anemia, así como la alta prevalencia hepatitis B, tuberculosis, malaria o dengue los dejan sumamente expuestos a otras enfermedades.

Zebelio Kayap, líder indígena de las etnias awajún y wampís en la zona de frontera con Ecuador, menciona que en muchas comunidades nativas no se cuenta con centros de atención médica y en la situación actual de cuarentena tampoco llegan las brigadas de salud para que informen sobre el coronavirus.

“Brindamos información por teléfono. Pero donde no hay cobertura telefónica ni radio, no podemos alertar de los riesgos ni de las medidas de prevención”, comenta el líder indígena.

“El Estado hasta ahora no tiene un plan de contingencia para las poblaciones vulnerables. Los puestos de salud de las comunidades nativas, cuando existen, están muy mal implementados. Si ocurre un caso de contagio en una comunidad, sería devastador, porque no estamos preparados”, dice Diques, presidente de ORAU.

Irupé Cañari de CARE también se refiere a los problemas de atención de salud en las comunidades. “No se han habilitado espacios específicos para atender a pacientes con COVID-19, tampoco hay protocolos de atención para pueblos indígenas. No sabemos cómo proceder en el hipotético caso de que se presente una persona afectada por el virus, ni como sería el traslado”.

La viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, comenta que los problemas de los últimos años en el sector salud en esta situación de emergencia se han hecho más evidentes. “Si bien no ha llegado el virus a las comunidades, existe un alto riesgo. Estamos viendo el mejor mecanismo para definir un protocolo de salud adecuado”.

Desde Amarakaeri, el líder indígena Quertehuari recuerda que hay muchas comunidades sin agua potable y que el abastecimiento de este recurso depende de pozos o directamente de los ríos. “El lavado de manos es muy importante, pero como cumplirlo si no se cuenta con agua potable ni jabón”.

Además de la falta de servicios básicos, muchas comunidades están expuestas a los derrames de petróleo que afectan directamente su provisión del recurso. En plena cuarentena, el 8 de abril, un derrame de hidrocarburo se produjo en la Refinería de Iquitos, ubicado en el distrito de Punchana, en Maynas, Loreto. La filtración del crudo afectó las localidades de Santa Clara del Ojeal y Barrio Florido.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha informado que se está supervisando la implementación del plan de contingencia de PetroPerú, empresa estatal a cargo de la refinería, así como las acciones de contención y limpieza de la zona afectada.

El artículo original de Yvette Sierra Praeli fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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