(Fotos: El Comercio).
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Editorial El Comercio

A pocas semanas de finalizar el gobierno del ex presidente , el entonces ministro de Economía Alonso Segura anunció que en temas de financiamiento del presupuesto público, la administración entrante casi podía sentarse y esperar al 2018 para recién preguntarse: “A ver qué hago”.

Y aunque poco auspiciosa, la frase parece haber sido premonitoria para algunos representantes del actual Ejecutivo, quienes frente al elevado gasto corriente del sector público generado durante la gestión humalista han aireado sonoras quejas pero guardado preocupante silencio sobre las soluciones… como quien no sabe qué hacer al respecto.

El último de ellos ha sido el nuevo ministro de Salud, , quien en una entrevista radial el último miércoles criticó que la planilla de la cartera que ahora dirige haya pasado de 1.200 a 3.000 trabajadores durante el gobierno nacionalista. Y si bien aseguró que su principal objetivo será una reestructuración del sector, también afirmó que se había comprometido a no hacer “ninguna purga de gente, porque ya están en el sistema”.

Lo declarado por D’Alessio no es muy novedoso y, de hecho, evoca recriminaciones efectuadas por diferentes representantes del actual gobierno. Solo en su sector, por ejemplo, en octubre pasado la entonces ministra Patricia García adelantó el mismo problema (aunque en aquel momento ella estimó un incremento de 700 trabajadores públicos en el ministerio) y agregó: “Recibimos un ministerio superburocrático, complejo, con un montón de procedimientos y un montón de gente que no debería estar”.

Por otro lado, a fines del año pasado el entonces ministro de Economía Alfredo Thorne denunció también que “durante el gobierno del presidente Humala el gasto corriente pasó del 13% al 16% del PBI” y que durante dicha gestión se “contrataron más de 68.000 nuevos trabajadores [públicos]”.

E incluso el propio presidente se refirió al mismo problema el pasado julio durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias. “El gobierno precedente contrató a cerca de 50.000 nuevos funcionarios administrativos en el Gobierno Central. Esta mayor planilla burocrática, en vez de agilizar, obstaculizó la inversión pública, lo que ocasionó que esta se frenara cuando necesitaba crecer”, manifestó en aquella oportunidad.

El reclamo, por supuesto, es válido. Según el Banco Central de Reserva, el gasto corriente del sector público como porcentaje del PBI pasó del 13,6% en el 2011 al 15,3% en el 2016. Y el gasto total en personal y obligaciones sociales del Gobierno se incrementó de aproximadamente S/12.630 millones a más de S/21.300 millones durante el mismo período.

Pero estando ya adentrados en el segundo año de gobierno de la administración de Kuczynski, lo que se espera del Ejecutivo es bastante más que reediciones de las críticas a la situación burocrática que encontraron cuando llegaron al poder, esto es, acciones y planes concretos sobre cómo esperan superar esta situación.

Sin duda, al menos parte de la respuesta pasa por emprender, por fin, la tantas veces postergada reforma laboral, cuya inflexibilidad golpea también al sector público. Y aunque –como ya este Diario ha destacado– los avances en este campo dependerán en buena medida de la voluntad política del Congreso, debería el Ejecutivo empujar el proceso de cambios necesarios tanto para favorecer la actividad económica privada como para reorganizar el empleo estatal.

Es comprensible que los políticos se preocupen por ser cuidadosos con sus palabras y decisiones cuando se trata de enfrentar un asunto que puede generar crispaciones. Pero insistir en culpar a gestiones previas sin enfrentar al mismo tiempo el problema entre manos es eludir la responsabilidad con el país.