Crimen organizado: los principales delitos por regiones

REDACCIÓN PAÍS

Lo común, cuando se habla de inseguridad, es pensar en delitos de frecuencia cotidiana y de ámbito citadino: un robo en la calle, un asalto, el ataque de marcas afuera de un banco. Según una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 88% de peruanos mayores de 15 años se siente inseguro y cree que podría ser víctima de un delito en los próximos 12 meses (en el 2014 el índice llegó casi al 86%).   

Sin embargo, la inseguridad se manifiesta de muy diversas formas en todo el país, y nace en la presencia de organizaciones criminales: grupos dedicados a actividades ilegales inmersas en las estructuras sociales, económicas e incluso políticas de sus zonas de influencia.

Imperios de ilegalidad
A Tumbes llegan diariamente vehículos repletos de combustible ilegal proveniente de Ecuador. El Estado Peruano pierde cada año S/1.500 millones por evasión de impuestos, según la Sunat. De hecho, es común ver a ciudadanos de las zonas urbanas de Tumbes vendiendo el combustible en la calle.

En La Libertad, donde la extorsión es una de las actividades ilegales más rentables, los transportistas pagan cupos altísimos a los grupos delictivos. Según reportes periodísticos, cada organización criminal puede acumular hasta S/12 millones al año, producto de estas extorsiones. El negocio se mantiene porque el que no paga es asesinado.

En Áncash, pese a los niveles de violencia alcanzados en los últimos años (desde el 2010 han sido asesinados dos alcaldes, un vicegobernador, un fiscal y un ex consejero del gobierno regional), no se ha erradicado la corrupción: varios ‘comandos’ que integraban las redes de corrupción del ex gobernador César Álvarez siguen activos en la política local.

En Puno, quizá el epicentro más activo del crimen organizado, el contrabando a través de la frontera con Bolivia genera US$230 millones al año, de acuerdo con la Sunat. Esta región pierde S/300 millones anualmente por evasión de impuestos en la minería ilegal. Estas son dos de las actividades que movilizan la economía.

En Madre de Dios, la minería ilegal genera US$2.600 millones al año. El Ministerio del Ambiente calcula que más de 50 mil hectáreas de bosque han sido depredadas. Las zonas mineras son refugio de delincuentes migrantes. El 52% del PBI de la región proviene de esta actividad.

La inseguridad es la consecuencia, pero el crimen organizado es la preocupante causa.

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