Conflictos sociales golpean a mineras y petroleras

A esto se le suma hoy el bloqueo del ingreso a la Mina Hudbay por parte de la comunidad de Livitaca, de donde es original el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

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Las medidas de fuerza se han incrementado y han derivado en ocupaciones ilegales, bloqueos de vías y acciones de hostigamiento frente a la actitud pasiva de las autoridades del Gobierno, señala Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.

Para el representante gremial, la preocupación transversal guarda relación directa con esta oleada de bloqueos, específicamente la de la Estación 5 del oleoducto norperuano, que ya tiene tres semanas y que impide el bombeo de crudo hacia la refinería de Talara.

“Estamos en una situación complicada porque toda la producción noreste está siendo afectada por estas medidas de fuerzas asumidas por un grupo minoritario que interponen sus intereses particulares respecto del interés nacional”, declaró a este Diario.

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No debemos olvidar que el oleoducto norperuano es un activo crítico nacional y, en consecuencia, tiene un nivel de importancia muy alto para el país, dado que la Estación 5 es el eje central para las actividades de este oleoducto y traslada toda la producción de Loreto hacia el Terminal de Bayóvar.

Asimismo, como consecuencia de esta ocupación ilegal, el caserío Félix Flores, ubicado en el distrito de Manseriche (región Loreto), ha dejado de contar con los servicios de energía eléctrica y agua potable que Petroperú le abastecía de manera gratuita.

De otro lado, señaló que un nuevo bloqueo en el Corredor Vial Sur, en la provincia de Cotabambas – Apurímac, que se inició el pasado lunes 18 de octubre, ha puesto nuevamente en jaque la continuidad de las operaciones de la mina Las Bambas.

“La situación es crítica en Las Bambas y en los próximos días se procedería a la paralización total de la mina, la cual aporta el 16% de la producción cuprífera nacional y da empleo a más de 8 mil trabajadores y proveedores”, detalló De la Flor.

Las Bambas, en lo que va del año, suma 64 días de bloqueo y 377 días, desde el inicio de operaciones en el 2016, así como pérdidas de producción de US$ 9 millones por día.

Por otro lado, Baltazar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, anunció que el bloqueo que se registra en el Corredor Minero genera pérdidas de S/ 1 millón y medio diarios a la región por concepto de regalías contractuales y la paralización de la población de Cotabambas.

“Como gobierno regional hemos oficiado a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), las demandas de la comunidad de Cotabambas y esperamos pronta respuesta. Se debe estipular ya un día para persuadir a que se levanten las medidas de fuerza”, dijo Lantarón.

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En tanto, la compañía de Minas Buenaventura anunció también el cierre temporal de actividades de explotación y procesamiento de mineral (plata, plomo y zinc) en la Minera Uchucchacua, debido a los sobrecostos, las vetas de los recursos y escasez de mineral.

Ante ello, Leandro García, gerente general de Buenaventura, anunció que pondrán en marcha un plan de reingeniería de la mina y exploración de nuevas zonas.

“Es una mina que produjo en mejores épocas 14 millones de onzas al año y está teniendo una pérdida de caja de US$ 40 millones anuales. La idea es encontrar el mineral económicamente aceptable para tratar y una vez rediseñado el plan, volver a trabajar en menos de un año”, dijo.

Reclamos

Respecto a las demandas de las comunidades, De la Flor refiere que buscan el cierre de brechas sociales, que es un tema latente para el cual ya existe un plan de inversiones sociales, aprobado el año pasado y con recursos asignados para atender proyectos específicos. Es así como está en potestad del Estado la provisión de servicios básicos fundamentales ausentes en estas zonas de influencia, a pesar de los recursos transferidos como consecuencia del canon.

“Buena parte de la conflictividad se alimenta del alto nivel de frustración que subsiste en las comunidades, que saben que los recursos están disponibles pero que no están siendo utilizados adecuadamente y se priorizan obras sin impacto en el bienestar de las poblaciones”, anotó De la Flor.

Durante la última década, se han trasferido más del S/ 40 mil millones producto del canon y regalías mineras a los gobiernos subnacionales, pero el nivel de ejecución es de solo el 60%.

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Así, De la Flor asegura que el 20% de los presupuestos se utilizan en áreas como el planeamiento mientras que un 6% de lo que se ejecuta atiende servicios de salud, y no se priorizan servicios de agua, saneamiento, educación y salud.

Por su parte, Lantarón afirma que, desde el 2015, hay mesas de trabajo que no arriban en soluciones concretas. “Una demanda es el Convenio Marco que quieren los dirigentes y alcaldes de Cotabambas, el pago del canon. Han pasado seis años desde que empezó la explotación minera y el gobierno de Apurímac no recibe ni un sol”, aseguró.

Sector privado

Desde el sector privado realizan un pedido al Gobierno para que se respete el estado de derecho ya que los bloqueos, hoy normalizados, tienen un impacto negativo en la economía regional y nacional.

“Resulta absolutamente negativo en una coyuntura de recuperación económica como la que estamos tratando de impulsar”, anotó De la Flor.

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Por su parte, Lantarón instó a la instalación de una mesa de trabajo con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros y solicita la presencia de los ministros de Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Justicia y Derechos Humanos y Transporte y Comunicaciones, tal y como se instaló en Chumbivilcas.

“Tenemos demandas que no han sido solucionadas y no es de ahora. Chumbivilcas no paró ni quince días y dieron soluciones conjuntas entre la empresa minera y el Ejecutivo. Con esa misma celeridad esperamos se dé la atención a las demandas”, puntualizó Lantarón.

Conflictividad social

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en su exposición ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, se pronunció sobre los conflictos sociales y anunció el fortalecimiento de la gestión y el diálogo para la ejecución de acciones de prevención, manejo y seguimiento de estos conflictos, así como de los eco-territoriales de manera articulada.

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“Insistiremos en establecer pautas claras y obligatorias en los diversos espacios de negociación y mesas técnicas integradas por autoridades y funcionarios del gobierno. Los compromisos que asuma el Estado serán cumplidos con transparencia, reglas claras y buena fe. Considero que la fortaleza de todo diálogo es la confianza, en base a ésta las partes involucradas construiremos acuerdos satisfactorios y en el marco del respeto a los derechos”, anunció.

Para Vásquez, se necesita insistir en una lógica del diálogo transformador para el desarrollo territorial, promoviendo espacios saludables en los que las partes se comprometan a cumplir lo que proponen.

“Necesitamos comenzar a cumplirle a nuestra gente, y para que eso ocurra, tenemos que trabajar de manera descentralizada, con una lógica intersectorial, intercultural cuando corresponda, y articulada con los tres niveles de gobierno en alianza con la sociedad civil y las empresas privadas”, finalizó.

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