La sesión de hoy de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. (Foto: MEF)
La sesión de hoy de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. (Foto: MEF)
Redacción EC

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó este miércoles el texto sustitutorio del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024. La propuesta recibió 25 votos a favor, ninguno en contra y tuvo una abstención de la congresista Francis Paredes Castro de Podemos Perú.

El proyecto propone un presupuesto de S/240 mil millones, de los cuales S/46 mil millones están destinados para el sector Educación; S/29 mil millones para Salud; S/23 mil millones para Transportes y Comunicaciones; y S/16 mil millones para Seguridad y orden público.

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Durante la sesión participó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien saludó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo coincidieran en la mayoría de puntos tratados. Sin embargo, indicó que la cartera tiene reparo en una serie de inclusiones de los legisladores a la norma.

La primera se refiere al pago de remuneraciones. Como se recuerda, para el 2024 se asignaron S/79 mil millones por este concepto, lo que representa alrededor de un tercio del total. Anteriormente el ministerio ya había mostrado su disconformidad ante algunas disposiciones de incrementos planteadas por el Congreso.

Estamos de acuerdo con la mayoría de artículos, pero hay una distancia que nos separa de algunos. Sugerimos una modificación en el dictamen en lo que respecta la política remunerativa. Saludo que exista un plan que asegure el cierre de las brechas salariales en sectores que han sido olvidados y dejados de lado, pero solicitamos que se pueda reconsiderar”, señaló Contreras.

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Cabe recordar que, , el próximo año se buscará pagar S/5,6 mil millones más en salarios en comparación al 2023. S/3,7 mil millones corresponden a medidas planteadas por el Parlamento.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también se opuso a la creación de nuevas unidades ejecutoras.

Cada unidad ejecutora al año cuesta S/3 millones. Entonces nosotros mostramos desde un inicio nuestra preocupación por el incremento del gasto, de las remuneraciones, que tendrá este proyecto de ley. Un segundo factor de riesgo fiscal es el crecimiento del aparato administrativo sin que necesariamente esto se refleje en mejoras de los servicios públicos”, cuestionó.

Asimismo, se opuso a las disposiciones que financian dos proyectos de inversión a dos municipalidades debido a que las obras propuestas no pasaron los análisis técnicos previos, lo que “pondría en riesgo su ejecución”. Por otro lado, mostró su reserva con la disposición complementaria que brinda flexibilidad para que la Contraloría General de la República “pueda usar todo su presupuesto para gastos operativos”.

Tenemos más coincidencias que diferencias y este dictamen será histórico y ponemos en disposición de la Comisión nuestra reserva [en las disposiciones propuestas]. Esperemos que el presupuesto constituya un cambio en la tendencia, que no sea un presupuesto inercial, sino un presupuesto que se refleje en mejores condiciones de vida en los ciudadanos, que respete las reglas fiscales, que permita brindar servicios públicos, pero con sostenibilidad”, concluyó.

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Tras su exposición, José Jerí, presidente de la Comisión de Presupuesto y congresista de Somos Perú, indicó que se recibirán todos los comentarios del MEF, pero que recién se debatirían en el Pleno. Tras ello, dio inicio a una ronda de intervenciones de los miembros de la comisión y elevó el texto sustitutorio a votación.

No se cierra el capítulo con la aprobación de este dictamen, pero ya nos da la ruta de las cosas que tenemos que entender y es una reflexión que tenemos que hacer tanto el MEF como nosotros en base a las reservas que nos han manifestado. También entendemos como comisión que debemos ser muy responsables cuando hablamos de escalas remunerativas. Son legítimas las expectativas, pero hay que darle armonía con el tema fiscal”, comentó Jerí.

El Pleno del Congreso debatirá la medida desde el jueves 23 de noviembre.

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