[Carlos Casas es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico]
Sin duda, con los cambios políticos la inversión se ha visto afectada. La incertidumbre ha vuelto a las empresas más precavidas y el consumo también se ha vuelto más conservador. No hablamos de recesión para nada, sino de cautela. La cifra de crecimiento para este año se ha revisado a la baja y también las tasas para los siguientes años.
En este contexto –y con las restricciones existentes– es necesario determinar qué cosa es posible hacer. Los grados de libertad son escasos, pero debemos trabajar con ello.
Sabemos que la inversión es uno de los principales determinantes del crecimiento en el largo plazo y tiene impacto en el corto plazo también. Por ello, es indispensable que sea la variable donde se centren los esfuerzos de las autoridades.
En cuanto a la inversión pública, esta ha sido esquiva en la primera parte del año, debido a las nuevas autoridades y los escándalos de corrupción. El énfasis debe estar en agilizar la ejecución de esta inversión. Para ello, cambios en la regulación que incentiven la transparencia y la eficiencia junto con el desarrollo de capacidades sería el combo ideal.
Sin embargo, este tipo de intervención tiene sus efectos en el largo plazo y no en el corto.
Establecer observatorios de la inversión pública y privada, donde grupos especializados monitoreen los avances y detecten las limitantes, serán de gran utilidad, debido a que la información –de primera mano– debe ser el insumo para las modificaciones necesarias en las respectivas regulaciones.
En el caso de la inversión privada, un tema clave es el manejo de expectativas y el desarrollo de los proyectos mineros. Sacarlos adelante de manera inteligente sería una muy buena señal para el sector privado.
De la misma manera, se tiene que trabajar con el sector privado en la mejora del entorno para la inversión, pero de una manera mucho más activa de lo que se ha hecho hasta el momento.