El jurel y el atún en el ojo de la tormenta

En las últimas semanas, dos dilemas de interpretación regulatoria han encendido las alertas del sector pesquero dedicado a la captura de jurel y atún en el Perú.

Aunque son polémicas aisladas, ambas comparten un denominador común: sus desembarques han aumentado en el último año, y sobre todo, son alimento cotidiano. El 80% y el 25%, respectivamente, es consumido localmente.

La controversia sobre el jurel comenzó el pasado 3 de octubre: ese día la República de Vanuatu (ubicada en el Pacífico suroccidental) remitió una carta a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) - que fija una cuota anual de captura de la especie en dicha región para 11 miembros- advirtiendo que la pesca peruana de jurel hasta agosto afectaba la sostenibilidad global del recurso. “Es casi seguro que la cuota de la Comisión se va a exceder como resultado de las capturas del Perú”, reclama en la carta en relación a las 531.061 toneladas asignadas a los miembros para este año y las 59.939 toneladas que completan el volumen máximo capturable recomendado (591 mil).

Día1 accedió a dicha correspondencia, en la que Vanuatu sugiere asimismo debatir el tema en la próxima reunión de la organización, de la que el país insular será anfitrión en febrero próximo.

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El 9 de octubre la República de Chile -que posee el 64,5% de la cuota de jurel del Pacífico Sur- adhirió al reclamo, apoyando la organización del evento para “analizar y decidir acciones para atender la situación”. Según declaraciones a la prensa del subsecretario de Pesca de Chile, Román Zelaya, el asunto podría escalar hacia un arbitraje internacional o derivar en infracciones.

El Perú -que es país contratante de la OROP-SP, con derecho a voz y voto, desde el 2016- ha respondido contundemente a dichos argumentos, que ya se discuten a nivel diplomático. “Ellos (Vanuatu y Chile) están induciendo al error al resto de países”, afirma María del Carmen Abregú, viceminista de pesca y acuicultura, en entrevista con este medio.

La funcionaria explica que el Perú se adscribió a la OROP-SP sólo en aguas internacionales. “Esto implica que tenemos toda la potestad de poder -luego de un informe científico respecto a la presencia de jurel - determinar las cuotas de captura (en agua nacionales)”, sostiene. “Y no nos sometemos a las cuotas globales (de la OROP-SP) en nuestro mar jurisdiccional”, subraya.

En efecto, basados en estudios exploratorios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Perú incrementó este año dos veces la cuota de jurel, de 79 mil a 99 mil y, finalmente, a 138 mil toneladas, precisa Abregú.

La mayor presencia de jurel en edad adulta (31 centímetros) este año en el mar peruano está asociada a la existencia de un calentamiento anormal del mar de hace tres años, que es el tiempo en que se desarrolla el pez, precisa el doctor en ciencias pesqueras y ex presidente del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Luis Icochea.

“El (jurel) de este año es el nacido en el 2014”, resume y explica que este mismo evento climático se dio en el 2007, permitiendo capturas de hasta 280 mil toneladas en el 2010 y seguir pescando jurel dos años después. En el 2011, por ejemplo, se capturaron 257.241 toneladas en aguas peruanas, apuntan en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

En su carta, Vanuatu recuerda dichas temporadas (2011-2012) como antecedente de la gestión peruana del jurel. “Los miembros recordarán que el Perú manifestó una similar falta de restricción de capturas en el 2011 y el 2012”, anota.

Al respecto, Abregú insiste sobre la soberanía peruana de su cuota y aclara que existe consenso entre los científicos del mar sobre la existencia de dos stocks de jurel: uno frente a las costas del Perú y otro fuera de las 200 millas, en aguas internacionales. “Ese año hemos tenido bastante jurel por factores climáticos y el alimento rico en fitoplancton que tenemos en nuestras aguas”, justifica.

El PERÚ TRANSFERIRÁ CUOTA OROP-PS

Por otro lado, Abregú reconoce que el Perú no ha aprovechado la cuota asignada por la OROP-PS en aguas internacionales para el 2019 (11.988 toneladas), por lo que planea transferirla. Así lo hizo el año pasado por primera vez.

“El país que nos adquirió la cuota el año pasado fue [...] Chile, porque ellos -así como el Perú ha desarrollado su flota anchovetera- también tienen su flota desarrollada dedicada al jurel”, explica e informa que cinco empresas adquirieron la cuota a US$145-US$155 la tonelada.

Este año, el concurso se realizaría entre fines de este mes y los primeros días de noviembre, agrega la viceministra.

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¿DESENLACE?

En el sector pesquero local apoyan la posición del Produce. “Considerando que se trata de una denuncia falsa y que el Perú cuenta con sólidos argumentos para desmentirla, estamos confiados que el impacto será mínimo”, aseguran en la SNP, sobre el efecto que tendría el caso en la pesquería industrial.

“Estamos de acuerdo con la posición tomada por el ministerio de la Producción, ya que en el caso del Perú la jurisdicción de la OROP-SP y sus compromisos internacionales sólo se rigen para la pesca en alta mar”, opina Adriana Giudice, gerente general de Austral Group, que cuenta con jurel en su portafolio.

De cara a resolver el conflicto, Mariano Gutiérrez, director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), considera que OROP-PS “debería buscar una compatibilidad de medidas con países como el Perú”, al aplicar sus propio ordenamiento pesquero.

Antes del 6 de noviembre, los miembros de la organización deben expresar su voluntad de organizar o no la reunión propuesta por Vanuatu y Chile y , recientemente, también apoyada por la Unión Europea, informa Abregú.

“A través de nuestra Cancillería vamos a esclarecer a los países miembros cuál es la posición del Perú y la base científica que tiene nuestro país [...] Esperamos que los otros países no sean inducidos al error”, sostiene la funcionaria.

“Ni Vanuatu ni Chile tienen evidencia científica alguna que pueda demostrar que el incremento en nuestra cuota nacional afecte la sostenibilidad del recurso en el área de la convención”, refuerza. Para que la reunión se efectúe se requiere el visto bueno de al menos siete miembros, precisa la viceministra.

ATÚN: DILEMA INTERNO

El caso del atún está asociado a la implementación de la ley 28965, que promueve la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios. La norma , que data del 2007, permitió en los últimos doce años exonerar al atún desembarcado del impuesto a la renta (IR), explica Alfonso Miranda, presidente de la Cámara Peruana del Atún (CPA).

Hace un mes y medio la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha comenzado a notificar a las plantas atuneras sobre la necesidad de gravar sus ventas con el IR. Es un hecho conocido por el sector, según constata Día1. “Se ha cambiado la interpretación que se tenía del régimen aduanero aplicable al atún capturado por embarcaciones extranjeras al calificar el producto como nacional”, explican en la SNP al tiempo que repara que dicha decisión podría hacer desaparecer la industria.

Al respecto, Antonio Bologna, gerente general de Seafrost, líder en exportación de la especie, señala que la ley ha permitido eliminar aranceles que gravan las importaciones de equipos para el procesamiento de atún y ha impulsado el ingreso de la flota extranjera para el abastecimiento de las plantas. En efecto, de unas cincuenta embarcaciones dedicadas a la captura del atún, 14 son de bandera peruana, informan en Produce. El dato cuenta, considerando que los permisos otorgados a la flota foránea le exigen desembarcar el 30% de sus capturas de atún.

“En este momento todo está paralizado. Nadie quiere comprar un tornillo para una fábrica que a lo mejor va a tener que cerrar en 30 días”, advierte Miranda y apunta que en la CPA estiman que gracias a la ley en los últimos 12 años se han realizado inversiones por hasta US$200 millones en el sector atunero. En ese contexto, hacia el 2021 las plantas proyectan exportaciones por US$250 millones, desde los US$50 millones estimados para este año.

En Produce están al tanto de la situación y señalan que existe una “confusión” sobre la problemática. “Pareciera que el malentendido se produjo cuando ellos (la Sunat) preguntaron: ‘¿Estos barcos con bandera extranjera con permiso de pesca peruano ingresaron a aguas nacionales?’ El Produce le respondió: ‘Sí, ingresaron’. Ellos han interpretado el hecho del ingreso como si eso fuese una señal cierta de que hubo captura (en aguas nacionales)”, explica Abregú.

Según informa la funcionaria, de acuerdo a análisis hechos por Produce, hasta ahora no existe un instrumento “científico o tecnológico” que permita determinar si las capturas de atún se efectuaron en aguas internacionales o nacionales que de luces si el atún desembarcado es mercancía importada o nacional. Produce preveía enviar a la Sunat un informe con dichas conclusiones la semana pasada.

“La decisión ya no compete a las competencias funcionales del Produce ni al viceministerio de Pesca, sino básicamente a las autoridades de la Sunat", explica.

"Apreciamos que con esta explicación (el informe) ellos puedan tomar la decisión que corresponda, al no tenerse evidencia tecnológica de que haya sido capturado en aguas nacionales, ni se sepa menos aún el volumen de captura en aguas nacionales. Eso solo podrías afirmar si tuviéramos un método tecnológico”, afirma la viceministra.

Sobre la problemática, Sunat explica que reevaluó la aplicación de la ley 28965 basándose en dicha ley, en el reglamento de ordenamiento pesquero del atún (DS N° 032-2003-PRODUCE) y “en los diversos pronunciamientos emitidos por PRODUCE como sector competente en relación a la aplicación de las mencionadas normas”.

Este lunes el Produce y los industriales prevén reunirse para discutir el asunto en el marco de una mesa técnica. “Confiamos en que en este espacio se encontrará una solución adecuada a este impasse”, refieren en la SNP.