"Como buena empresa pública, la entidad estatal funciona en rojo desde hace más de dos décadas y requiere de transferencias del Estado para cubrir sus gastos". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Como buena empresa pública, la entidad estatal funciona en rojo desde hace más de dos décadas y requiere de transferencias del Estado para cubrir sus gastos". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Cada día está más claro que el único objetivo para la mayoría de congresistas es intentar armar un bolsón de votantes para las elecciones del próximo año. Para ello, no importa la viabilidad, el impacto real o el costo de sus propuestas, solo que tengan suficiente rebote como para poder autoproclamarse defensores de ciertas causas comunes (populismo en su esencia más pura).

Lo ocurrido la semana pasada con la propuesta para retirar aportes a la ha sido una mancha más al otorongo. Como se recuerda, luego de que en abril se aprobara por insistencia el retiro del 25% de los fondos de las AFP, el decidió apuntar su arsenal hacia el .

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Así, el último miércoles, el grupo de legisladores que integra la Comisión de Economía del Congreso, se reunió para discutir un predictamen que nacía de 14 iniciativas distintas presentadas por ocho bancadas parlamentarias (incluyendo no agrupados). En una larga jornada que se inició a las 8 de la mañana, los congresistas discutieron a fondo el monto a aprobar, pero nunca se detuvieron a pensar qué tan viable sería materializar dicha entrega.

Finalmente, cerca de la medianoche, la comisión aprobó por amplia mayoría un dictamen para que todos los exaportantes a la ONP mayores de 55 años puedan retirar el 100% de su fondo siempre que no tengan 20 años de contribuciones. Para aquellos que siguen aportando, se aprobó un “retiro extraordinario” de S/4.300 (1 UIT).

Para entender a cuántas personas alcanzaría esta medida, hay que saber que el sistema público de pensiones cuenta con más de 4,7 millones de afiliados. De este grupo, solo un tercio aporta de manera activa.

Ahora, si la ONP funcionara con el mismo esquema que las AFP, lo que la Comisión de Economía aprobó sería una propuesta absolutamente irresponsable. Pero como estamos hablando del sistema público, se trata además de un proyecto completamente inviable.

A diferencia del sistema privado de pensiones (en el que cada afiliado tiene una cuenta propia de capitalización), los afiliados a la ONP aportan a una bolsa común con la que se financia lo que se entrega mensualmente a los pensionistas. Es decir, el dinero que hoy contribuye el casi millón y medio de afiliados activos sirve para pagar la jubilación de los 550 mil pensionistas que actualmente tiene la entidad.

El problema es que a la ONP no le alcanza con los aportes. Como buena empresa pública, la entidad estatal funciona en rojo desde hace más de dos décadas y requiere de transferencias del Estado para cubrir sus gastos (al 2019, el 16% de sus fuentes de financiamiento fueron transferencias del Tesoro Público).

Y entonces, ¿cómo se pagaría la devolución planteada por el Congreso? A los congresistas que aprobaron el dictamen eso no les importa. Para la congresista de Podemos Perú Cecilia García, por ejemplo, se trata de una “lucha” con la que se trata de “hacer justicia”.

¿Y cuánto costaría la medida? Según cálculos de la ONP, cumplir con la propuesta del Parlamento tendría un costo aproximado de S/7.438 millones. Para realizar el cálculo, sin embargo, la entidad tuvo que llenar los puntos ciegos que el dictamen olvida mencionar (porque el sustento es tan pobre que no define cuánto tiempo tendría que haber dejado de aportar un afiliado para ser considerado “exaportante”).

Con todo esto, la iniciativa no llegará lejos una vez que deje el Parlamento (en donde seguramente será aprobada con aplausos cuando llegue al Pleno). Y es que la inconstitucionalidad de la propuesta es evidente: el Congreso no tiene iniciativa de gasto y para financiar los retiros el Estado tendría que endeudarse.

Esto último lo saben los parlamentarios, pero tampoco les importa. Tanto es así que la única disposición complementaria en el texto aprobado señala que la ley “no afecta los ingresos que perciben los actuales pensionistas afiliados al Sistema Nacional de Pensiones”. Sobre el costo que la medida genera, en cambio, ni una palabra.

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