La implementación de la Ley de Mercados Digitales (LMD) en Europa nos puede dar algunas lecciones regulatorias a los países que, desde este lado del Atlántico, queremos emular al viejo continente (ya hay una iniciativa en Brazil; y la Comunidad Andina y México han indicado su intención de estudiar el tema).
Diseñar una norma para promover la competencia a través de prohibiciones generales, aplicables a plataformas digitales tan distintas como motores de búsqueda, redes sociales o plataformas de streaming no es una tarea sencilla. Era previsible que las prohibiciones generales de la LMD podían tener “efectos no deseados”; ya que las plataformas digitales tendrán que adaptar sus condiciones de servicio e incluso su “arquitectura digital”.
Google, por ejemplo, implementará consentimientos adicionales para sus “servicios vinculados”. Si los usuarios no dan su consentimiento para cada servicio, podrían terminar recibiendo un producto de menor calidad (una búsqueda de restaurante no vinculada a una reserva y luego a la dirección en Google Maps) o no recibir recomendaciones valiosas (como qué videos mirar en YouTube).
Apple ha sido más explícita sobre las consecuencias de la LMD: “Las nuevas opciones para procesar pagos y descargar aplicaciones en iOS abren nuevas vías para el malware, el fraude y las estafas, el contenido ilícito y dañino, y otras amenazas…”.
Los países que se tomen un tiempo para estudiar los mercados, hacer un adecuado análisis de impacto regulatorio y discutirlo seriamente, podrán aprender de la experiencia de otros reguladores y mercados. Este análisis debe considerar, por supuesto, la posibilidad de que la regulación no sea necesaria. La legislación de libre competencia es una herramienta suficiente para proteger la competencia y a los consumidores en estos mercados.
En Latinoamérica seríamos muy sensatos en no apurar la marcha (especialmente si se trata de una carrera que no vale la pena correr) con este tipo de regulaciones.
