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A fines del pasado junio, el concepto “operador público de telefonía” resurgió desde su tumba, asustando a propios y extraños. La razón es que estaba incluido en el Proyecto de Ley N° 4333/2018 que empezó a debatirse en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Esta iniciativa, firmada por el congresista de Fuerza Popular Wuilian Monterola, se viene trabajando desde el año pasado con el objetivo de preparar el marco legal adecuado para la sociedad digital, las ciudades inteligentes y la industria 4.0 que utilizarán la tecnología 5G.
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La ley vigente tiene más de 25 años y, según coinciden los expertos legales consultados, fue diseñada pensando sobre todo en el servicio de telefonía fija recién privatizado [la Telefónica] y no en la protagonista actual: Internet.
Sin embargo, este proyecto no solo no ha recibido el respaldo entusiasta de quienes propugnan la digitalización, sino que ha generado un fuerte rechazo, porque incluye planteamientos estatistas lejanos al modelo de libre mercado vigente.
“Es un disparo en los pies”, dice Carlos Huamán, director de DN Consultores, quien la considera carente de coherencia entre el fondo y la forma.
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) ha recomendado examinar y si se puede reducir y simplificar las normas, pero no dice que el camino sea volver a tener un operador público.
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(Infografía: El Comercio)
La Asiet (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones), recalca que es fundamental facilitar el despliegue de inversiones para reducir la brecha digital, que en el Perú equivale a 40% sin Internet e implicará inversiones por US$27.036 millones al 2025, pero tampoco pide revivir operadores estatales.
La propuesta de Monterola parte mirando al 5G, pero “no alcanza a cumplir sus objetivos, pues es excesivamente reglamentarista, está desenfocada de los principios de simplificación administrativa y, además, implica un retroceso”, afirma Manuel Cipriano, ex director del Osiptel y hoy asociado al estudio Torres y Torres Lara.
LA PROPUESTA ESTATAL
Las quejas parten desde el primer artículo –inciso A– en donde se establece que la prestación de servicios puede ser desarrollada por empresas privadas o estatales. Sí, esas que creó el régimen militar de 1969 y desapareció Fujimori en 1993. Más adelante, en la definición de funciones del Pronatel (ex Fitel) establece que este puede operar de manera directa, supervisar y fiscalizar proyectos en zonas sin “competencia efectiva” respetando el rol subsidiario del Estado.
Alexander Flores Marín, del Estudio Muñiz, aclara que el Fitel se creó con la consigna de que “bajo ninguna circunstancia podía proveer u operar directamente servicios”. En la práctica nunca lo hizo, solo contrató privados y dio un subsidio temporal, precisa Gonzalo Ruiz Díaz, ex presidente del Osiptel.
En el 2018 se creó [vía decreto, no Ley] el Pronatel en reemplazo del Fitel y se introdujo la opción de que podía operar proyectos, pero solo de forma temporal, como excepción.
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(Infografía: El Comercio)
Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones, considera que el proyecto no plantea quebrar el rol subsidiario del Estado [atender zonas donde no llega el privado], pero acepta que antes de aprobarla se deberá definir mejor los criterios que permitirán determinar si existe o no competencia en las zonas donde actuaría el Estado.
¿ESTILO CONTROLADOR?
Si solo las polémicas fueran esas dos menciones, ¿bastaría con borrarlas? Juan Pacheco, gerente general de Afin, cree que existen varios puntos controversiales por resolver y sin los cuales será difícil avanzar en el necesario cierre de la brecha digital.
Uno de los más peligrosos, según Ruiz Díaz, es que se permita restringir el número de concesionarios en una zona o mercado, vía decreto. “Todo el país debe estar abierto a la competencia sin monopolios legalizados”, afirma.
Los operadores también lamentan que se establezcan “tarifas topes” para Internet, se defina al Estado como quien fija precios –algo impropio de la libre competencia– y se condicione renovar concesiones a si se brindó o no precios competitivos, advierte Flores.
Monterola asegura que están llanos a corregir la redacción para tener una propuesta consensuada esta semana y pasar a votación un texto pulido.
Sin embargo, Lucas Gallitto, director regional de Políticas Públicas de Gsma, estima que no bastarán un par de semanas y coincide con el resto de analistas y el mismo Osiptel en que faltan más debates técnicos a profundidad. Incluso, agrega Sandro Marcone, de Optical Networks, se puede retomar la discusión sobre la conveniencia de tener un ministerio TIC.
•¿SE NECESITA UN OPERADOR ESTATAL?
El mercado telco local ha evolucionado gracias a la promoción de la actividad privada, como dicta la Constitución. Prueba de ello es que las tarifas de telefonía cayeron a la mitad desde el 2010, mientras que las del agua, con empresa pública, se elevaron en 14%, destaca Alejandro Jiménez, ex gerente de Osiptel.
Abrir la posibilidad de tener al Estado como empresario es dar un uso ineficiente a los recursos públicos, dado que ya hay suficiente actividad privada, añade.
En el mundo solo el 34% de operadores son estatales, según la UIT, y la tendencia es que vayan desapareciendo, aclara Alexander Flores, del estudio Muñiz.
¿Es indispensable cubrir la brecha digital pendiente con un operador estatal? Esa pregunta circuló en el 2012, cuando se diseñó la Red Dorsal, y se optó por un modelo mixto [APP] que no ha funcionado, pues solo se utiliza el 10% de ella. Necesita un rediseño, porque se invirtió mal y se montó en zonas donde ya había operadores privados, pero convertirla en operador estatal no es la solución, recalca Jiménez.
Sergio Mávila, gerente general de InterNexa, añade que sería desleal permitir a un operador subvencionado como Azteca o a uno estatal, si revierte al Estado, ofrecer servicios donde ya hay privados (un 60% de la red).
En zonas sin competencia, agrega Gonzalo Ruiz Díaz, ex presidente de Osiptel, puede ser conveniente que la Dorsal deje de ser neutral y ofrezca servicios finales, como propone el proyecto, pero sin quebrar el principio de subsidiariedad.
El gran problema del texto propuesto es que se transgrede ese rol subsidiario del Estado al fomentar la intervención de la actividad empresarial estatal y eso contraviene la Constitución, recalca Pacheco.
El Estado no es ni ha sido un buen administrador, su papel es monitorear o regular: si interviene afecta el rendimiento y competitividad de las telco, añade Fernando Casafranca, de Pacífico Business School.
“Una ley no resuelve un problema como el de Azteca”, advierte Casafranca, quien estima que luego del 2020 Pronatel no tendrá razón de ser, porque la cobertura rural se dará con eficiencia por privados si se favorece la inversión. Los recursos públicos, recalca, se necesitan para salud, educación, etc.
