El Ejecutivo observó la autógrafa que amplía la prohibición de llamadas spam: ¿qué aspectos señaló el Gobierno?

Según el Poder Ejecutivo, esta iniciativa de ley carece de un test de proporcionalidad. Como lo explicó en el documento observado, la normativa puede restringir los derechos fundamentales cuando estos afectan a otros derechos o intereses institucionalmente protegidos, y esto será aplicable cuando se hace un análisis de proporcionalidad, donde se ponderan los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva.

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Erick Valderrama, socio del estudio Miguel Mur & Abogados, explicó que esta observación implica que se debe medir la posición y efectos de la propuesta. Es decir, si generan o no beneficios al consumidor.

“La voluntad del legislador contenido en el proyecto de ley reconoce que el proyecto es radical y que su postura es agresiva en el mercado. No explica o sustenta adecuadamente cómo va a beneficiar al consumidor. Cuando ellos [los congresistas] hagan el test de proporcionalidad, se van a dar cuenta de que van a generar un perjuicio en el consumidor si solamente lo ven por ese lado”, indicó.

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Justamente, explicó que, en el caso del consumidor, la autógrafa establece que no se le podrá compartir información a los consumidores salvo que este lo pida de forma expresa a la empresa.

Como se recuerda, en el texto legislativo está prohibido realizar visitas al domicilio del consumidor, hacer proposiciones no solicitadas por teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de forma pertinente e insistente, y las proposiciones no se podrán realizar entre las 8 p.m. a las 7 a.m. del día siguiente, tampoco los sábados, domingos y feriados.

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Además, también restringe el empleo de ‘call centers’, sistema de llamado telefónico, envío de mensaje de texto a celular o por correos masivos para la promoción de productos o servicios, así como la prestación del servicio de telemercadeo, salvo a los consumidores que se hayan contactado y hayan expresado su consentimiento para recibir estas comunicaciones.

“Lo que estás haciendo es generar una brecha inmensa entre la información de la empresa, que no va a poder ser trasladada al consumidor, y la información que el consumidor va a recibir. Y lo que va a ocasionar en el mercado es un consumidor más desinformado”, señaló Valderrama.

El especialista añadió que esta propuesta tampoco asegura que las personas se inscriban para poder recibir la información de los ‘call centers’.

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Empresas

A mediados de marzo, el presidente de la Asociación Peruana de Experiencia del Cliente (Apexo), Guy Fort, indicó a este Diario que esta eventual medida podría generar una pérdida de 20.000 a 70.000 puestos de trabajo que existen en el sector de centros de contacto. De ese total, el 70% son jóvenes estudiantes, según la asociación.

A su vez, Valderrama señaló que esta propuesta, de aplicarse, causaría “un estancamiento en la oferta del mercado y, como consecuencia de eso, una fuga de empresas que quieran ofrecer servicios”, lo cual reduciría la competencia en este sector.

“Lo otro que te genera [el proyecto] es un problema de libertad de empresa, porque lo que está haciendo este proyecto de ley es decir ‘prohíbo los ‘call center’, prohíbo el negocio de llamadas directamente, el consumidor va a tener que inscribirse directamente con el titular del producto’. El negocio del ‘call center’ es un negocio legalmente permitido en el Perú. El proyecto tiene tantas contradicciones que creo ha sido bien observado, pero eso no quita de que no tengamos un problema con el exceso de las llamadas. Tenemos que encontrar otros mecanismos”, expresó.

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Alternativas

Por ello, el especialista consideró que, para regular la problemática de exceso de llamadas, se puede otorgar más presupuesto a las entidades correspondientes, como el Indecopi, con el fin de tener más equipos para las fiscalizaciones y estas puedan ser más céleres.

Otra recomendación es la realización de campañas de sensibilización a los consumidores para que se inscriban en el registro de ‘Gracias no insista’, y ser exigentes con las compañías para que cumplan de forma adecuada con la obtención de datos de las personas.

A su vez, Apexo también planteó el establecimiento de horarios para las llamadas, la eliminación del uso de “llamadas robots” y la exigencia de un registro obligatorio de teléfonos autorizados con los que las empresas se contactan con los usuarios.