Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
La presidenta Boluarte espera que en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se acuerde un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) hacia el último trimestre del año. Luego, el ministro de Economía señaló que espera una reactivación sostenible de la economía y el empleo. La cautela del ministro debiera invitar a reflexionar si es el momento más adecuado para aumentar la RMV o, si en su lugar, se debieran considerar cambios normativos que reduzcan las barreras a la formalidad.
Incrementos antitécnicos
Doce de 14 aumentos de la RMV desde el 2000 coincidieron con períodos electorales o de caída en la aprobación presidencial, como el actual. Ello a pesar de que en el 2007 el CNTPE aprobó una metodología de ajuste que estipula que los cambios en la RMV deben corresponder a la suma de la inflación subyacente esperada (que mide el costo de vida) y la productividad.
El IPE estima conservadoramente que los ajustes a la RMV en la última década la elevaron 12% por encima del monto que correspondería según esta fórmula, lo que se explica por la caída de la productividad. La metodología aprobada indica además que no existe un contexto adecuado para ajustar la RMV si la economía está en recesión o aumenta el desempleo, la informalidad o el ratio entre la RMV y el ingreso promedio.
Aunque el Perú superó la recesión del 2023, la recuperación es aún lenta, como lo evidencia el crecimiento de la inversión privada de solo 1% en el primer semestre. Y en el 2023 la cifra de empleo adecuado se mantuvo por debajo del nivel del 2019 en 18 regiones. Además, el desempleo y la informalidad siguen siendo superiores a los niveles prepandemia.
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“Al fomentar el enanismo empresarial, se limita el aumento de la productividad laboral”.
La relación entre la RMV y el ingreso promedio se mantiene en un nivel alto cercano al 60%, similar a la prepandemia y superior a la de Chile (49%) y México (45%). Una alta relación entre la RMV y el ingreso promedio indica que hay una mayor proporción de empresas de baja productividad que no serían rentables ante un aumento de la RMV, optando entonces por la contratación informal.
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El desincentivo a la formalidad generado por un aumento de la RMV sería incluso mayor. En el ámbito regional, el ratio entre la RMV y el ingreso promedio alcanza 78% en San Martín y 77% en Amazonas, donde la informalidad laboral supera el 85%.
Por tamaño de empresa, la RMV representa el 79% del ingreso promedio en las mypes, el segmento empresarial con menor productividad, y que por ello se verá más afectado ante un incremento. Por tanto, no es suficiente ver el avance en la recuperación y las cifras a escala nacional, sino que es necesario considerar los matices según regiones y grupos de empleadores y trabajadores.
Regulación
Según el FMI, la regulación laboral y tributaria en el Perú presenta barreras para el aumento del tamaño y la productividad de las empresas, lo que limita la generación de empleo formal de calidad.
Por ejemplo, las empresas formales con más de 20 trabajadores en planilla (independientemente del salario) están obligadas a distribuir utilidades. Para el FMI, esta norma incentiva el subreporte de trabajadores (informalidad laboral) para mantenerse por debajo de dicho umbral y evitar repartir utilidades. Al fomentar el enanismo empresarial, limita el aumento de la productividad laboral.
Además, los empleadores asumen costos no salariales como las gratificaciones, vacaciones, aportes a Essalud y CTS. Estos representan hasta 57% de la remuneración para aquellos empleadores sujetos al régimen general. Ello equivale a S/590 para trabajadores formales contratados con salario mínimo.
El Perú es el tercer país con mayores costos no salariales en la región, por encima del promedio de Latinoamérica (41%), México (34%) y Chile (28%).
Más importante que un aumento de la RMV es trabajar en una legislación laboral más competitiva recordando, por ejemplo, que siguen vigentes las medidas implementadas como parte de la Agenda 19.
Solo así se sumarán esfuerzos para revertir el deterioro de la productividad y promover la creación de empleos de calidad gracias a una mayor inversión privada.
