Juan José  Marthans

Al parecer, hasta hoy estamos interpretando inadecuadamente dos grandes problemas que viene afrontando nuestra economía. De un lado, remarcamos que nuestra inflación es aún de un dígito sin tomar en cuenta los diferentes niveles socioeconómicos que la enfrentan; de otro lado, se nos intenta convencer de que la desaceleración de la actividad económica es un tema básicamente circunscrito al entorno internacional. Serios errores.

En principio, hoy debemos estar claros en que la inflación que mayoritariamente vienen enfrentando los peruanos ya es realmente de dos dígitos. Observemos lo siguiente: la inflación interanual de alimentos –hacia finales de mayo– ya está sobre el 13,7%; agua, electricidad y gas sobre el 11,8%, transporte sobre el 11,4%. Mientras los ingresos son más limitados para una familia, mayor es la asignación de los gastos al interior de los grupos y bienes de la canasta familiar que ya experimentan hoy una inflación de dos dígitos; por lo tanto, parte mayoritaria de nuestra población en la práctica viene experimentando una merma en su poder adquisitivo, muy por encima de los que nos señala el INEI con su cifra de 8% de inflación.

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A pesar de la limitación señalada, a diferencia de otras economías de la región, aún en el Perú no se dispone de estimaciones de la inflación por niveles socioeconómicos o quintiles. Si no tuviéramos esa restricción, sabríamos que –con toda seguridad– mucho más de la mitad de nuestra población ya sufre una inflación de dos dígitos abiertamente. Es por ello que el INEI debe empezar a realizar cuanto antes un cálculo más detallado de la inflación por nivel socioeconómico de la población. Es una sana recomendación.

Adicionalmente, por las características que viene mostrando nuestro actual proceso inflacionario, disponemos de poco espacio para pensar que su solución será simple y pronta. Poca gente sabe que, por ejemplo, más de la mitad de las ciudades que informan sobre su inflación –como Chachapoyas, Puerto Maldonado, Huancavelica, Huancayo, Pasco, Huánuco, entre otras– ya sufren de una inflación de dos dígitos. Lo mismo ocurre con la inflación que mide el índice de precios al consumidor (IPC) al por mayor que hoy bordea el 14%. Agréguenle el hecho de que las expectativas crecen exponencialmente y casi quintuplican las que tuvimos hace solo dos años atrás. En dichas circunstancias, es fácil concluir que el restablecimiento de una inflación dentro del rango meta del BCR no será tarea sencilla.

De otro lado, en materia de desaceleración económica, la pregunta de fondo no es cuánto nuestro PBI va a crecer este año, sino cuánto vamos a dejar de crecer, más allá del impacto del entorno internacional y en un marco de desgobierno. Como lo reseñamos en otras oportunidades a través de El Comercio, debimos haber crecido 6% este 2022. Estaremos en apenas la mitad.

Estos dos próximos años, por ejemplo, según la más reciente estimación de nuestro BCR, la inversión privada no crecerá más allá del 1% y la pública menos del 2%. ¿Hemos tomado conciencia de la gravedad del tema? Si ello se hace realidad, el crecimiento del Perú se estaría hipotecando hasta más allá del 2026 debido a que lo que se deja de invertir hoy no solo compromete menor demanda de insumos y bienes de capital en el corto plazo, sino también que elimina la posibilidad de mayor producción directa en el mediano plazo. Con ese comportamiento esperado de la inversión, lamentablemente, debemos dar por descontado que, después de muchos años, el Perú perdió el liderazgo del crecimiento de la región. Sin duda.

El contraste es tremendo. Mientras la administración gubernamental se dedica a desarrollar campañas proselitistas en favor de un cambio en la Constitución, sataniza y da señales erráticas con relación al frente privado y acentúa las divisiones entre peruanos. Nuestra economía se desacelera y poco se hace por evitarlo. La inversión privada está seriamente golpeada por el factor desconfianza; la inversión pública, golpeada por la corrupción e ineficiencia.

Hay algo que poco se está haciendo notar. Si este año crecemos alrededor del 3% o algo más, en parte sería resultado de un segundo rebote estadístico que podría experimentar el sector servicios: alojamiento, restaurantes, transporte, etc. Eso sería así porque el impacto de la apertura de nuestra economía en el marco del COVID-19 se hará sentir recién este año a su favor. Este sector explica más del 40% de nuestro PBI y recién hacia este segundo semestre recuperaría parte de los niveles de producción de los que dispuso antes de la pandemia. Sus tasas de crecimiento interanuales estarían por encima de la media general y, gracias a ello, la estadística de nuestro PBI no sería tan negativa.

Finalmente, no debemos perder de vista que el proceso de aceleración de la inflación, su naturaleza de dos dígitos, conjuntamente con la significativa desaceleración del crecimiento de nuestro PBI, nos encuentran en el peor momento como país. Cuando más necesitamos de un sector público con un mínimo de orden, capacidad y coherencia para enfrentar un panorama tan retador en torno a la inflación y desaceleración del PBI, es cuando disponemos de lo peor de su capacidad.

No hay duda de que depredar al sector público, como recientemente se ha hecho, no hará otra cosa que acentuar nuestros problemas de cara al 2026. El problema de la inflación y la recesión no solo es de origen internacional. El origen también lo tenemos dentro de nuestro propio entorno y desgobierno.

Juan José Marthans, Economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

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