Más gasto sí, pero de calidad; por Luis Miguel Castilla

El Ejecutivo no logró convencer al Congreso para que le otorgue facultades legislativas con el argumento de que las enormes demandas adicionales de gasto público no podrían ser atendidas por la baja presión tributaria. Entre otros aspectos, el Ministerio de Economía y Finanzas subestimó una evidente realidad: la incapacidad del sector público de traducir los enormes presupuestos en mejoras en la calidad de vida de la población. Siempre habrá más necesidades que la capacidad de atenderlas, esa es la esencia de la economía: el manejo de los recursos públicos ante restricciones presupuestarias. En este contexto, lograr un gasto de calidad se torna fundamental y demanda con urgencia mejorar la gestión pública. Al verse obligado a replantear su estrategia de reforma tributaria, el Gobierno haría bien en reconocer que una mayor disponibilidad de recursos no garantiza un mayor impacto que beneficie a la ciudadanía.

Durante la última década, el presupuesto de la república se ha incrementado en S/100.000 millones; sin embargo, esta mayor disponibilidad de recursos no ha significado mejoras sostenibles en el bienestar de los peruanos. En el caso de las funciones de educación y salud, que conjuntamente representan el 30% de la asignación presupuestal anual, y que han sido las que han recibido los mayores incrementos de recursos fiscales actualmente, no se han obtenido los resultados esperados. Según la Evaluación Censal de Estudiantes, el porcentaje de alumnos de segundo de primaria con un nivel satisfactorio en la prueba de comprensión lectora en el 2010 fue 28,7%, mientras que en 2019 fue de apenas 37,6%. En el sector salud, los resultados al 2020 no han sido mejores: la anemia aún afecta al 40% de los niños menores de 3 años.

MIRA: Facultades legislativas: Los puntos y las ausencias en el texto aprobado por el Congreso

En el caso del sector de agua y saneamiento, la pésima gestión estatal de los recursos públicos genera que solo la mitad de los hogares que tienen acceso a agua la reciba desinfectada. Este porcentaje se reduce al 20% en la sierra y en la selva. Es evidente que en estos tres sectores fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (salud, educación, y agua y saneamiento) en los que predomina el modelo de gestión pública pura no está garantizando los resultados e impactos necesarios. Antes que dotarlos de mayores presupuestos, se requiere urgentemente mejorar los modelos de gestión.

Yendo más allá de la deficiente ejecución de la inversión pública y los recursos inutilizados que retornan al tesoro público cada cierre de año, se viene acumulando un largo listado de obras paralizadas por la elevada incidencia de la corrupción, la desidia de las autoridades que prefieren no tomar decisiones ante la posibilidad de ser sancionados por el control interno y los deficientes expedientes técnicos elaborados por una burocracia que carece de las capacidades necesarias.

En columnas pasadas publicadas en El Comercio, se ha abordado la necesidad de revisar el fallido proceso de regionalización (“Falacias de la descentralización y del uso del canon”) y de reimpulsar la reforma del servicio civil (“Meritocracia en jaque”), especialmente ante los intentos de contrarreforma alentados por el propio Gobierno. Importancia similar tiene la alta rotación de funcionarios que se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la inestabilidad política, hecho que contribuye a ralentizar la toma de decisiones y dificulta mantener políticas públicas de largo plazo.

Se observa que en la medida en que la duración promedio de los ministros sea menor, el nivel de ejecución presupuestal del pliego será menor. En el Ministerio de Educación, en el período 2006-2011 solo se contó con dos ministros, mientras que en el período 2016-2021 fueron ocho profesionales los designados en esta cartera. Por su parte, en el Ministerio de Salud, en el primer período se designaron a tres ministros, mientras que en el último período se realizaron hasta 11 cambios en dicha cartera. Lógicamente esto decanta en cambios en los cargos de confianza que retrasa los procesos de toma de decisiones, incluyendo la ejecución presupuestal. A la usual curva de aprendizaje que implica todo relevo de autoridades (en los tres niveles de Gobierno) se suma el incentivo perverso a la inacción que enfrenta el personal de línea que prefiere esperar al próximo titular del pliego antes que actuar.

La inestabilidad política no solo resta predictibilidad sobre las reglas del juego, sino que altera el adecuado funcionamiento de la administración pública e impide que se presten servicios básicos de calidad con un sentido de oportunidad y eficacia a la población. Esta problemática se agrava por la falta de idoneidad técnica e inexperiencia de los nombramientos realizados, peor aun si las decisiones se toman con base en prejuicios ideológicos o se presentan sustentos antojadizos sin respaldo en la evidencia. En un contexto de mayor estabilidad, la razón y el sentido común deben prevalecer antes que el facilismo y las ganancias de corto plazo. Lo primero permite avanzar, mientras que lo segundo solo genera expectativas que no podrán cumplirse.

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