Los municipios que traban más el montado de antenas celulares

Según Osiptel, las empresas operadoras reportaron en el 2017 un crecimiento de 17,4% en la instalación de estaciones base (antenas), que permiten una mejor cobertura de Telefonía móvil. Esto quiere decir que se montaron 20.630 estaciones 2G, 3G y 4G.

Movistar fue quien registró el mayor despliegue de infraestructura de todas las tecnologías con 7.438 estaciones, seguido de Claro (5.066) Bitel (4.524) y Entel (3.602). Sin embargo, si solo se observa la cobertura 4G, es Bitel quien dio el salto más grande a nivel nacional al cubrir más de 30 mil centros poblados.

Vistas estas cifras, se podría creer que las inversiones han fluido sin problemas y que el problema de municipios que traban el despliegue de infraestructura es historia antigua. Pero no es así. Según cuentan los mismos ejecutivos de Bitel, en el interior del país los reciben con gozo y hacen una fiesta para agradecer que llegue la telefonía móvil, pero en Lima es muy complicado lograr permisos y se topan con muchas trabas de diferente índole, incluido el reclamo airado de los vecinos mientras ejecutan las obras.

CpR (Contribuyentes por el Respeto) presentó este año un estudio en el cual se valora cómo han avanzado o retrocedido los distritos limeños en la eliminación de barreras burocráticas al montado de antenas. Las conclusiones del estudio son por un lado que falta adecuar las normativas municipales a la ley y por otro lado, quienes sí tienen adecuada la norma, no la ejecutan como es debido y siguen generando barreras diversas.

El distrito que salió peor en la medición realizada por CpR es Santa Anita, al cual califican como enemigo de la conectividad. Según comentaron, ellos tienen la Ordenanza Nº 00089-MDSA, la cual establece una serie de requisitos adicionales a los previstos legalmente, tales como planos de plantas, impacto acústico, fotomontaje de dónde irá la antena y copias de contratos con privados que incluyan firmas legalizadas, entre muchos otros. 

Pero los problemas no acaban con las normativas. Además de existir distritos que no han adecuado sus reglas a la ley, existen transgresiones en la ejecución de las funciones de fiscalización que según CpR son ilegales. 

La solución para este problema pasa, de acuerdo al citado informe, por varias instancias. Para empezar se debería generar un manual de buenas prácticas que ayude a prevenir problemas, pero también pasa por toda una campaña informativa ante la población (retomar el plan antena buena onda) y reforzar la presión para que todos los municipios adecuen sus reglamentos a lo dictaminado por la ley.