El último viernes, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ordenó –vía una medida cautelar– que Telefónica del Perú deje sin efecto el aumento de tarifas de Internet fijo y los planes empaquetados que incluyen este servicio, y que se devuelva el monto del incremento aplicado a los usuarios.
La empresa respondió que esta medida “contraviene los principios básicos de libre mercado, porque afecta la libre competencia y pretende generar un control de precios”.
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Sin embargo, ayer, Alberto Arequipeño, gerente de asesoría legal del organismo, argumentó que la acción responde a que “se ha determinado que no se han respetado las condiciones de uso. En algunos casos se han elevado las tarifas, pero no ha habido beneficios”.
PERTINENCIA
Alejandro Jiménez, exgerente general de Osiptel, y Carlos Huamán, director de DN Consultores, coincidieron en señalar que esta medida atenta contra los principios del modelo regulatorio, dado que se prioriza una acción antes que una evaluación.
“Considero que es un exceso del regulador. No sé a qué se llama una situación de emergencia si para Osiptel se cumplió todo lo que estaba establecido en las condiciones de uso [del servicio]”, dijo Jiménez.
“Causa extrañeza que diga [Osiptel]: ‘Primero prohíbo y luego estudio’”, agregó Huamán.
Jiménez añadió que este hecho invita a evaluar en qué ámbitos del sector de telecomunicaciones se merece una regulación, y en qué otros, supervisiones.
Esto, considerando que la penetración del Internet fijo es de 7% del total del mercado, mientras que la del móvil bordea el 80%.
ARISTA ECONÓMICA
A fin de que los usuarios obtengan los mejores precios del mercado y un mejor servicio, Huamán refirió que la solución está en promover la competencia entre los operadores, más que accionar mediante normas legales para regular, sobre todo, en precios.
“Lo ocurrido con el Internet móvil en los últimos años es un ejemplo de que generar competencia es mucho más efectivo y sostenible que regular las tarifas en el sector”, remarcó.