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Uno de los servicios más importantes para la salud, el desarrollo y el bienestar es el agua potable y segura. El agua potable es la que llega hasta las viviendas (dentro o fuera de ellas) y el agua segura, la que tiene un contenido de cloro suficiente para que sea limpia y saludable.
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En los últimos años el acceso a agua de los peruanos se ha incrementado sustantivamente. Hoy, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, el 84% de los hogares recibe agua de la red pública dentro de su casa, un 4% adicional de la red pública fuera de su vivienda y un 2% adicional la obtiene de un pilón que está fuera de su casa. Es decir, cerca del 90% tiene agua en su vivienda. Este porcentaje es mayor en las grandes ciudades (95%) y menor en las zonas rurales, donde el acceso está cerca al 70%. Enorme avance con un gradual cierre de brechas entre lo urbano y lo rural.
La cosa cambia cuando indagamos en la calidad del agua que llega a esos hogares. Para la mayoría de peruanos, incluso para aquellos que tienen agua dentro de su vivienda, esta no es segura. No está limpia y por ello no genera los efectos benéficos mínimos (como disminuir problemas de salud y nutrición). También según la Enaho 2018, solo el 45% de los hogares urbanos que tienen agua de red potable recibe agua segura (clorada adecuadamente). En zonas rurales –prepárese– solo el 3% de los que tienen agua recibe agua segura. Invertimos millones de soles en llevar este recurso hasta las viviendas pero lo que se entrega es un producto que no cumple los mínimos estándares de calidad.
En el 2019 se presupuestaron más de S/5 mil millones para agua y saneamiento. Al 6 de setiembre del 2019, el presupuesto institucional modificado para este fin es de más de S/7 mil millones, monto que equivale a 1,5 veces el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A la fecha, entre los tres niveles de gobierno, este rubro solo ha ejecutado el 32% de su presupuesto total asignado.
En la propuesta de presupuesto para el 2020 se incluye una partida para inversiones en agua y saneamiento de S/3.700 millones, algo menor a la de este año, pero igual considerable –equivale a cerca de cinco veces el presupuesto anual del Ministerio de la Producción o del Ministerio del Ambiente–.
El Plan Nacional de Infraestructura, publicado hace poco, prioriza varias inversiones orientadas a ampliar la cobertura de agua en los años que vienen con costos estimados de entre S/1.171 y S/2.665 por habitante urbano y rural, respectivamente.
Todos de acuerdo con priorizar el agua y asignarle recursos suficientes a tan importante objetivo. Pero no basta con ampliar la cobertura y llevar agua a las casas si esta no está adecuadamente tratada. Urge trabajar el tramo final del proceso de distribución del mencionado recurso para asegurar que lo que le llega al ciudadano, urbano o rural, sea lo mínimo: agua segura. Esto es lo que trae bienestar y desarrollo. Resolvamos el problema de la calidad del agua que se entrega y no sigamos gastando millones solo en repartir agua que no está limpia.
