El 10 de octubre, dos millones de personas en el norte de California se quedaron sin luz por al menos 24 horas. Algunas no tuvieron luz por tres días. Personas con necesidades de atención médica en sus hogares tuvieron que mudarse a hoteles. Las pérdidas estimadas por este apagón son de alrededor de US$2.500 millones.
El apagón no fue una sorpresa. Por el contrario, fue programado por la empresa estatal de energía, la Pacific Gas & Electric (PGE). PGE atiende al mayor número de clientes de todo Estados Unidos, proveyendo de electricidad y gas a unos 16 millones de personas en el centro y norte del estado de California.
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El corte de luz se hizo para prevenir incendios forestales en esta época seca del año. Las investigaciones han demostrado que los catastróficos incendios forestales que azotaron California, tanto en Santa Rosa en el 2017 como en Paradise el año pasado, fueron causados por cables de electricidad mal mantenidos.
Estos iniciaron la chispa en un contexto de sequedad extrema y de fuertes vientos que expandieron el fuego con facilidad. Las demandas contra la compañía para compensar las pérdidas por esos incendios superarían los US$30 mil millones.
Ante la incapacidad de la empresa para afrontar estos pagos, esta se ha declarado en quiebra, lo que afecta su capacidad para renovar su infraestructura obsoleta.
Si California fuera un país, sería la quinta economía del mundo empatado con el Reino Unido. Mucho más grande que las economías de Francia, Italia, Rusia o Brasil.
California, que se jacta de sus capacidades de innovación, ahora es calificada como un Estado del Tercer Mundo por sus habitantes. Debido a la falta de inversión durante décadas en el mantenimiento de las redes eléctricas, la mejor opción para evitar los incendios es cortar el flujo eléctrico.
Como la red es poco sofisticada, los apagones no pueden ser selectivos, tienen que ser masivos. La temporada seca combinada con los fuertes vientos del desierto dura hasta diciembre, por lo que es probable que los apagones continúen.
El gobernador del estado comparte el malestar de los californianos y ha manifestado que se necesita mayor competencia en el sector. Incluso ha pedido que empresas privadas oferten por pedazos de PGE.
Si la infraestructura pública no se mantiene adecuadamente, eventualmente esto pasa la factura, aunque en el corto plazo el problema puede pasar desapercibido.
Esto es cierto para cualquier infraestructura en cualquier lugar del mundo, sea eléctrica, de transporte, de agua y saneamiento, etc.
Por ello, es necesario un sistema tarifario que permita la renovación de la infraestructura, así como un sistema regulatorio que garantice la ejecución de las inversiones. No hay electricidad más cara que la que no se tiene.