El engaño de “combatir” la informalidad, por Marcel Ramírez

Antes que el término “desigualdad” entrara en el vocabulario común, el término “informalidad” ya venía siendo ampliamente utilizado. Desde que Pedro Pablo Kuczynski nos ofrecía reducirla bajando la tasa del IGV, o como cuando se diseñó el Régimen Único Simplificado (RUS) de tributación para combatirla y ampliar la base tributaria, hasta la discusión presente sobre reducir el 72% de informalidad. Pero ¿sabemos realmente a qué nos referimos con “informalidad”? ¿Cuánto de ella es un problema de diseño de políticas públicas (policy) y cuánto de administración/gestión de dichas políticas (enforcement)? Nunca reduciremos la informalidad sino entendemos los factores que la determinan.

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La informalidad es la manifestación de problemas estructurales más complejos que requieren un enfoque integral para su solución; algo así como la fiebre. Cualquier solución simplista es solo maquillaje y demagogia irresponsable. Nadie en el Ejecutivo – actual o pasados - ha asumido seriamente del problema. Si no comprendemos la informalidad, mucho menos podremos entender el incumplimiento tributario y sus causas reales, ni tampoco la informalidad laboral. Todos son fenómenos que son causa y consecuencia de otros factores y por ende mientras éstos no sean abordados, nunca se resolverán.

Si de evidencia se trata, el economista peruano Norman Loayza (quien labora en el Banco Mundial) viene estudiando el fenómeno desde hace varios años; incluso ha participado en diferentes ponencias en el país explicando sus estudios. En paper del 2018, trató de responder a la pregunta ¿Por qué la informalidad está tan difundida? Él nos recuerda que la informalidad implica ineficiencia productiva y una cultura de evasión e incumplimiento, pero que sin embargo, existe debido a que ofrece ventajas de flexibilidad y empleo en economías con baja productividad laboral y excesiva carga regulatoria; algo así como una “válvula de escape”. Si no existiera informalidad, habría más desempleo, pobreza y crimen. Una estrategia de formalización debe incluir, mayor flexibilidad de los mercados laborales, reformar la protección social, incrementar la productividad laboral, hacer más eficientes al régimen regulatorio y el sistema de justicia y racionalizar el sistema tributario. No podemos simplemente “combatirla”.

Volviendo a nuestra realidad, ¿no será que tal vez nadie realmente desea reducirla pues existen mayores intereses o privilegios que se perpetúan con ella? Está claro que el mayor perjudicado de la no solución sigue siendo el ciudadano, pero no es novedad que el ciudadano siempre sale perjudicado sin que las autoridades asuman dicho costo.

Implementar una política seria de reducción de la informalidad exige tener un Estado que co-cree con el sector privado, sociedad civil y academia, que diagnostique correctamente y que esté dispuesto a asumir el costo político de no subir en las encuestas a cambio de sentar bases para un mayor bienestar a futuro. Un Estado que busque consensos, dialogue y que esté dispuesto a ser transparente al 100%. Es la verdadera Reforma del Estado.

Recordemos que no sólo la actividad productiva privada es informal, también lo es el “aparato productivo” público, sino miremos el régimen CAS y la contratación de terceros (Orden de Servicios) que proporcionan “flexibilidad” para contar con personal pero va en contra de un servicio civil meritocrático. Cuando alguien nos ofrezca reducir la informalidad con recetas mágicas y a costo cero o mínimo, tenemos que dudar y lamentablemente reconocer que no se quiere mejorar el bienestar general sino sólo perpetuar privilegios.