De un tiempo a esta parte el comportamiento del Congreso de la República es sinónimo de irresponsabilidad. Durante un año hemos sido testigos de su vergonzosa actividad legislativa donde poco les ha importado violar repetidamente la Carga Magna. La mayor vergüenza, sin embargo, es haber utilizado el nombre del pueblo en vano, justificando sus iniciativas en nombre de los más vulnerables. Aprovechándose de la ceguera que produce el efectismo y la puesta en escena de “poner dinero sobre la mesa”, han venido tirando por la borda el bienestar general del país en el largo plazo.
Permitir los retiros excesivos de los fondos de pensiones en las AFP ha formado parte de las medidas absurdas del Congreso. Es cierto que en condiciones de shock extremo como el que trajo el COVID-19, se podía valorar un acceso moderado para atender situaciones de liquidez, evitando dañar más el sistema de pensiones que es un mecanismo necesario y presente en todos los estados modernos, dirigido a mitigar los problemas derivados de la jubilación. Sin embargo, nuestros congresistas terminaron aprobando retiros masivos sin considerar criterios reales de vulnerabilidad.
Lo lamentable de esta situación ha sido la poca importancia que le ha prestado el Ejecutivo a esta situación. Su actitud en defensa del sistema privado de pensiones ha sido poco más que tímida, dejando que la aplanadora populista del Congreso tenga la “cancha libre” para hacer prácticamente lo que le ha venido en gana al permitir la salida de S/33 mil millones (más del 4% del PBI). El nivel de fondo de pensiones se ha reducido a tres cuartas partes de lo que existía antes de la pandemia. Producto de ello, más de 2 millones de afiliados han vaciado completamente sus cuentas y los que habiendo dejado algo luego de tomar liquidez, han reducido su fondo de pensiones en 20% en promedio.
MIRA: Los resultados del primer Índice de Madurez de la Innovación en Perú: ¿Qué puntaje obtuvimos y cómo le fue a los sectores?
Como lo indica el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe, los retiros anticipados de los fondos de pensiones ha sido una mala medida para atender a los más vulnerables. La provisión en exceso de liquidez ha beneficiado a los trabajadores de más altos ingresos y con menor propensión a consumir. De hecho, haciendo uso de microdatos de las encuestas de hogares, el FMI muestra comparativamente como estas ayudas desproporcionadas han hecho poco para ayudar a los más vulnerables. La figura adjunta muestra por ejemplo que, mientras los bonos repartidos por el gobierno se concentraron mayoritariamente en los que perdieron su empleo por la pandemia y se ubicaban en los percentiles de ingresos más bajos, el retiro excesivo de los fondos de las AFP se concentró en los percentiles de más altos ingresos y que prácticamente no se vieron afectados por la presencia del virus. Si consideramos que las transferencias del Estado a las familias representaron el 2,4% del PBI mientras que el retiro de las AFP casi duplicó esa cifra, nos damos cuenta de que esta última medida ha estado pésimamente dimensionada.
Esta estadística deja en evidencia el error garrafal del Congreso en permitir retiros excesivos. Su argumento de atender a los más vulnerables fue falso y ha terminado por perpetrar un daño terrible al sistema de pensiones. Sin embargo, a pesar de que se demuestra la insensatez de este tipo de medidas, nuestros parlamentarios insisten en aprobar una cuarta ronda de retiros, que podría terminar de reducir a la mitad el tamaño de lo que tenía el fondo de pensiones antes de la pandemia; situación que sólo se puede explicar por la angurria electoral, empujada particularmente por partidos políticos y congresistas que quieren beneficiarse con más votos en las elecciones. Es vergonzoso ver a algunos de ellos ofrecer más retiros como parte de sus promesas electorales para acceder al Parlamento Andino.
Si el Congreso continúa con esta medida se presentarían tres efectos nocivos. Primero, se violaría abiertamente la intangibilidad de los fondos de pensiones. Los ahorros en un sistema de pensiones sirven fundamentalmente para atender el período de vejez, y por tanto la suma de retiros en el 2020 que han llevado a “pulirse” el 25% del total de fondos de pensiones no puede proseguir. Segundo, de acuerdo con la forma como está redactada las últimas iniciativas legislativas, se permitiría jubilaciones anticipadas desde los 40 años, lo cual implicaría que el Estado tenga que adelantar el pago de bonos de reconocimiento, afectando la programación de recursos del Tesoro. Finalmente, la aprobación de más retiros debería dar por descontado que el presupuesto público, en un futuro no muy lejano, tendrá que atender el alto nivel de desprotección generado por los retiros, pues difícilmente el Estado podrá dar la espalda a los millones de peruanos que dejaran vaciadas sus cuentas para la jubilación.
Todo lo anterior en conjunto no puede dejar inerme al Poder Ejecutivo. Su actuación frente a la intención evidente de un conjunto de populistas de destruir el sistema de pensiones no puede ser de indiferencia. Es deber de este no sólo observar cualquier intención de propiciar mayores retiros indiscriminados sino también llevar el tema ante el Tribunal Constitucional. Todo indica que hay suficientes argumentos para ello.
Contenido sugerido
Contenido GEC