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Hay que saludar la decisión de eliminar la exoneración del IGV a los bienes de consumo importados para la Amazonía. Probablemente, el razonamiento detrás de esta exoneración era que al ser la Amazonía una zona alejada y poco comunicada, los costos de transporte encarecían innecesariamente los productos de consumo.
Eliminar el impuesto era una suerte de compensación por este problema que aqueja esta zona del país y que, por ejemplo, no afecta a las zonas urbanas costeñas. Si bien el argumento suena razonable, esta medida adolece de varios problemas.
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En primer lugar, beneficia más a los que tienen capacidad de consumir más, es decir a los más ricos. Al final, tras 20 años de vigencia de esta exoneración, solo un reducido número de empresas se beneficiaron de la misma. Beneficio que no necesariamente se trasladaba a los consumidores. El problema con este tipo de subsidios “ciegos” es que son regresivos (benefician más a los más ricos) y poco eficientes. Más es lo que pierde el Gobierno en recaudación que lo que reciben los supuestos beneficiarios.
La idea es sustituir esta exoneración y canalizar los recursos que dejaba de percibir el Estado por una transferencia directa a la región que pueda financiar inversiones públicas que mejoren la competitividad regional, tales como proyectos de infraestructura vial, fluvial, aeroportuaria, turística, en zonas fronterizas, educativa e innovación tecnológica. Así, por ejemplo, Ucayali pasa a recibir S/67 millones por año, monto que se incrementará desde el 2030 y que estará vigente hasta el 2049.
La gestión del sistema tributario nacional se simplifica por la eliminación de esta exoneración, facilitando la lucha contra la evasión y la elusión.
Una gestión adecuada de estos recursos y su canalización a obras priorizadas de infraestructura puede redundar en mayores beneficios para una mayor parte de la población de la Amazonía.
Por ejemplo, un menor tiempo de viaje de transporte terrestre o fluvial de productos en la región tendría un gran impacto positivo en el bienestar de la población. Tanto porque se abaratarían los productos de consumo que se tienen que traer del resto del país como por la mayor competitividad que tendrían los productos selváticos para ser vendidos en el resto del país.
Para que esto funcione es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas asuma la capacitación y acompañamiento de las autoridades regionales en el marco del sistema nacional de inversión pública vigente. Rápidamente se deben concretar proyectos eficientes. El peor escenario sería eliminar la exoneración y que pase el tiempo y no se realicen proyectos de inversión pública que beneficien a la región.
Por el contrario, si la sustitución de la exoneración por mayor inversión pública funciona, será más fácil seguir eliminando otras exoneraciones de las cuales está plagado nuestro sistema tributario.
