Elsa Galarza

Las nuevas autoridades regionales y sus equipos enfrentan un reto que la población demanda con sentido de urgencia: su propio desarrollo. Hay que resaltar que, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), se establece que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo.

Para el 2023, el MEF ha asignado un presupuesto institucional de apertura (PIA) para inversión pública de S/54.000 millones, y acelerar la inversión es parte de los objetivos del plan Con Punche Perú. Pero está claro que el problema no es la disponibilidad de recursos, sino la posibilidad de gestionarlos de manera eficiente y eficaz.

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¿Qué se tiene que hacer diferente para que los nuevos gobiernos regionales logren el objetivo para el cual fueron creados? En primer lugar, la promoción del desarrollo regional tiene que tomar en cuenta las especificidades del territorio y adaptarse a las condiciones de mercado. En este sentido, la inversión pública debe estar dirigida a potenciar aquellos elementos que permitan, por ejemplo, una mayor conectividad, que a su vez impactará en una mayor competitividad de los productos agropecuarios que produce la región. En este sentido, la priorización de la inversión pública deberá basarse en un análisis de las potencialidades regionales y contribuir a que la inversión privada active la economía regional.

Un segundo aspecto tiene que ver con mejorar las capacidades de los funcionarios públicos. Tener recursos, pero no contar con personal adecuadamente capacitado para llevar adelante el desarrollo de proyectos ocasionará un impacto muy fuerte en el desarrollo de la región. Una manera de agilizar la mejora de capacidades es la asistencia técnica. El acompañamiento de expertos que puedan ayudar a resolver los problemas y, que a la vez, se vaya enseñando en la práctica (aprender haciendo) es una buena forma de generar resultados inmediatos. La asistencia técnica puede ser a todo nivel, es decir, no solo en aquellas labores más instrumentales, sino también en aspectos financieros, en diseño de políticas, entre otros.

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Finalmente, un tercer elemento importante es tener un sistema de seguimiento y control que permita observar el avance de aquella inversión priorizada y, sobre todo, que permita tomar acción inmediata sobre los problemas que se presenten, y que eviten los retrasos o abandonos de obras. Generalmente se piensa que los sistemas de control tienen un fin punitivo, cuando, por el contrario, el control sirve para anticipar posibles obstáculos y así optimizar las acciones programadas. Además, los sistemas de seguimiento y control permiten también generar confianza en los ciudadanos dado que permiten mayor transparencia en las acciones del gobierno regional y reducen la posibilidad de corrupción.

La coyuntura política requiere que las autoridades regionales actúen de manera responsable y den muestras claras de que trabajarán para lograr el desarrollo de sus regiones. No hay que repetir los mismos errores. Hagamos las cosas diferentes para tener buenos resultados.

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