Para que un país sea atractivo para la inversión, desarrolle su economía y alcance la competitividad, a fin de luchar contra la pobreza y generar bienestar social, necesita instituciones sólidas. En el Perú, las instituciones se han visto deterioradas por la crisis e inestabilidad, afectando su imagen al punto de estar a un peldaño de perder el grado de inversión. Y es que las calificadoras de riesgo no solo evalúan las cifras macroeconómicas, sino también la institucionalidad democrática.
Debido a la complejidad de nuestra realidad, se requiere distintas reformas que deben ser lideradas por el Estado, con la colaboración del sector privado y la sociedad civil. Podemos ensayar tres objetivos que creemos relevantes.
Primero, respetar la ley y el estado de derecho en un marco de diálogo y transparencia. Segundo, reformar y fortalecer los partidos políticos para generar consensos por el bienestar social. Y tercero, mejorar los recursos de las instituciones para su buen funcionamiento, con innovación y tecnología.
Debemos reflexionar especialmente sobre los partidos políticos auténticos, no los “cascarones” que participan en las elecciones con intereses particulares, sino aquellos que contribuyen con la cultura democrática con políticas de largo plazo y propuestas coherentes. Es prioritario impulsar una democracia representativa para el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida, y fortalecer los partidos-escuelas, que sean centros de formación política y no trampolines para acceder a un puesto público. Los partidos deben ser centros de pensamiento para una sociedad más justa y coherente.
Además, se debe promover mayor transparencia y meritocracia en la gestión pública, asegurando que los cargos sean ocupados por los mejores profesionales. Necesitamos un Estado eficiente, capaz de atraer el mejor talento y remunerarlo adecuadamente.
La empresa también tiene un papel activo al colaborar con el Estado para fortalecer las instituciones y garantizar la inversión y el desarrollo económico. Debemos lograr eficiencias mediante el trabajo público-privado para que los proyectos se desarrollen oportunamente con buenas prácticas de responsabilidad socioambiental.
La sociedad también tiene un rol. La participación política no debe ser solo de los políticos, sino un deber de todos los ciudadanos, ya sea con acciones directas o mediante un voto consciente y responsable. Frédéric Charillon, en su libro “Guerras de influencia”, demuestra cómo la política tiene la capacidad de influenciar y, en ese sentido, todos tenemos la obligación de hacerlo.
Los partidos políticos son fundamentales en la consolidación de la institucionalidad, así como la acción conjunta de los actores políticos y sociales. Recordar las enseñanzas de figuras como Haya de la Torre, Bedoya y Belaúnde, y escuchar las voces constructivas del presente, puede guiarnos hacia un mejor país. Ellos trabajaron para crear instituciones que tuvieron una influencia relevante en la sociedad. Recordemos y emulemos su docencia política y decencia personal.
