Justicia: La otra cara del problema, por Alejandro Falla

Pedro presentó una demanda de amparo en contra de una resolución judicial que ratificaba una liquidación de intereses hecha por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Le declararon inadmisible su demanda. La razón: la firma incluida en la demanda no era idéntica a la consignada en la base de datos del Reniec. Ante este incidente, le dieron tres días para presentar una copia vigente de su DNI (la copia que adjuntó en su demanda no estaba vigente) y para presentarse en el juzgado para “ratificar” su demanda.

Pedro tenía 95 años al momento de presentar la demanda y vivía en una zona ubicada a 70 kilómetros del local del juzgado donde debía presentarse a ratificar la misma. Por no cumplir con subsanar los defectos formales detectados, la demanda fue rechazada. El caso acabó dos años y diez meses después a nivel del Tribunal Constitucional (02703-2016-AA), que declaró que las exigencias por las que se declaró inadmisible la demanda constituían “barreras burocráticas judiciales”, esto es, requisitos irrazonables, impertinentes o carentes de utilidad.

En columnas anteriores hemos advertido la existencia de barreras burocráticas en la administración de justicia. Para empezar, los “aranceles judiciales” (que detalla el pago que uno debe hacer por cada trámite) aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no guardan ninguna vinculación con los costos efectivos involucrados en el trámite de que se trate. El costo de una fotocopia en el Poder Judicial es bastante más cara que en cualquier otro lugar, por ejemplo. La necesidad de acudir al Poder Judicial se aprovecha para extraer a la gente y a las empresas recursos que no corresponden con los costos efectivos de los servicios que reciben.

Asimismo, la exigencia del certificado de habilitación de los abogados es otra barrera burocrática. Por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se requiere que los abogados acrediten su condición en cada proceso en el que participen, adjuntando una certificación del Colegio de Abogados. Si no lo adjuntan, la demanda será declarada inadmisible. En este caso, el Poder Judicial le sigue el juego a los Colegios de Abogados, que cobran por emitir estas certificaciones que contienen información que en muchos casos consta en registros de libre acceso a través de Internet.

Podemos mencionar también la exigencia de presentar copias certificadas de actuados judiciales para ser usados en otras instancias judiciales, copias por las que cobran S/4,15 por hoja. O la exigencia de que los documentos ofrecidos como prueba se presenten en original o copia legalizada, rechazando la presentación de fotocopias simples. La lista de “barreras burocráticas judiciales” continúa.

Los procedimientos judiciales están llenos de requisitos y exigencias absurdas o impertinentes. Si se quiere mejorar la legitimidad del Poder Judicial, no basta con atender a la reforma del sistema de designación y remoción de los jueces, que hoy parece acaparar toda la atención pública. Sino, se requiere, sobre todo, mejorar la forma en que se administran los procesos al interior del Poder Judicial. Algunas de estas mejoras no necesitan de modificaciones constitucionales ni mucho menos del involucramiento del Congreso. Son cosas que puede hacer directamente el Poder Judicial. Si quieren limpiarse en algo la cara, podrían empezar por eliminar algunas de estas barreras burocráticas. ¿Se animan o requieren de un empujoncito?