La educación no es solo un derecho humano fundamental, sino un pilar esencial para el desarrollo económico y social. Sin acceso a una formación adecuada, la capacidad de las personas para acceder a empleos bien remunerados y contribuir de manera significativa al crecimiento económico se ve severamente limitada. Lamentablemente, cuando se analiza el sistema educativo en el Perú, uno llega a la triste conclusión de que nuestro Estado no sólo la ha abandonado sino que viene institucionalizando su mediocridad.
La educación no es solo un derecho humano fundamental, sino un pilar esencial para el desarrollo económico y social. Sin acceso a una formación adecuada, la capacidad de las personas para acceder a empleos bien remunerados y contribuir de manera significativa al crecimiento económico se ve severamente limitada. Lamentablemente, cuando se analiza el sistema educativo en el Perú, uno llega a la triste conclusión de que nuestro Estado no sólo la ha abandonado sino que viene institucionalizando su mediocridad.
El Consejo Privado de Competitividad viene desarrollando un profundo análisis del capital humano en el Perú. Entre sus principales hallazgos destaca que no obstante el presupuesto de planilla del sector Educación creció en un 64% entre 2017-2013, este aumento no se ha traducido en mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes ni en la consolidación de un sistema meritocrático.
Así, los resultados de las evaluaciones internacionales, como la prueba PISA pintan un cuadro sombrío. Aunque ha habido mejoras en las últimas décadas, el Perú sigue estando muy por debajo del promedio de los países de la OCDE y de la Alianza del Pacífico en áreas clave como matemáticas, lectura y ciencias. Por ejemplo, en la última edición, solo el 19,3% de los estudiantes peruanos alcanzó un nivel adecuado en ciencias, en comparación con el 33,3% en Chile y el 50,4% en los países de la OCDE.
Y mientras la planilla del sector de Educación no para de crecer, y su desempeño educativo continúa en el piso, nuestras autoridades han ido debilitando su meritocracia. Así, por ejemplo, se ha minado la exigencia de la Prueba Única Nacional (PUN) para nombramiento docente. Así mientras antes, en promedio, aprobaban esta prueba 22 mil docentes, de pronto el número de resultados satisfactorios ha dado un salto, multiplicándose en casi por 6 el número de aprobados. ¡Ya no se filtra a los mejores docentes! A todo esto se suma la falta de evaluación adecuada a los maestros de niveles de primaria y secundaria, la cual nunca ha sido implementada, a pesar de estar contemplada en la ley.
Siguiendo la misma mala tendencia, se observa que si bien el 97% de las universidades han pasado por el proceso de acreditación, no es el caso de las instituciones encargadas de la formación docente a través de la educación superior no universitaria, donde sólo al 20% de estas se les dio el visto bueno oficial. Y lo que es peor, apenas el 2% de los programas de las universidades, institutos o escuelas ha sido acreditado. En otras palabras, la mayoría de los docentes en formación están siendo preparados en instituciones sin las condiciones mínimas de exigencia, con lo cual, la educación de calidad en el Perú es prácticamente inexistente para el común de los peruanos.
Para abonar más en estos resultados, comparémonos con otros países de Latinoamérica. Perú cuenta con 146 universidades, el mayor número por millón de habitantes en la región. Sin embargo, solo cuatro de estas se encuentran entre las 100 mejores de América Latina, muy por detrás de países como Chile, que tiene 16. La proliferación de nuevas universidades sin una demanda real o una oferta académica de calidad refuerza la percepción de que el sistema de educación superior se ha convertido en un negocio sin control ni regulación, en lugar de ser un motor de desarrollo.
El sistema educativo en el Perú ha sido asaltado por la mediocridad y el oportunismo. Un robo a las expectativas y los sueños de millones de jóvenes. Las políticas públicas deben enfocarse urgentemente en revertir este colapso, estableciendo mecanismos rigurosos de evaluación, recuperando la meritocracia y priorizando la calidad sobre la cantidad. Sin estas reformas, la educación seguirá siendo un privilegio en lugar de un derecho, perpetuando la desigualdad y limitando el potencial de desarrollo del país.