La jornada del sábado pasado fue poco usual. Por un lado, el Congreso sesionaba para aprobar el Presupuesto Público 2025, y por el otro, Palacio de Gobierno se preparaba para nombrar a Jorge Montero titular de la cartera de Energía y Minas. Todo esto ocurrió paralelamente en el Centro de Lima, pasadas las 9 de la noche.
Sobre los sucesos ocurridos en Palacio de Gobierno, una de las cosas que llamó la atención es que Jaime Gálvez, ex titular del Minem -y ministro cuando Jorge Montero se desempeñaba como viceministro- estuvo en la sede presidencial. Se retiró a las 9.33 pm, según el registro oficial, y poco después, Montero se hizo del cargo en la mencionada cartera. Durante su primera semana como ministro, se conoció que planea presentar otra ley MAPE en los próximos seis meses y que se ha reunido con el presidente del directorio de la petrolera estatal, Alejandro Narváez, para conocer los planes de la empresa pública para el 2025.
Por otro lado, lo ocurrido en Jr. Abancay no tiene precedente. Es irregular que el conocido Anexo 5, en el que se registran todos los proyectos concedidos a las regiones, no haya sido ingresado a trámite hasta dos días después de la aprobación de la norma en el Pleno de Congreso. ¿Cómo es posible, entonces, que se haya llevado a cabo la votación? En estricto, este documento no puede ser modificado si el Pleno ya se ha pronunciado sobre el mismo. Esto genera suspicacia justificada, sobre todo, teniendo en cuenta que esta votación se realizó al borde del plazo legal.
El desorden compartido por el Ejecutivo y el Congreso es sinónimo de falta de transparencia. En el caso del Congreso, un acto premeditado de casi nula transparencia sobre información que debería ser pública para la ciudadanía, y que por tanto, abona a la desconfianza. Y, en el caso del Ejecutivo, una decisión que desluce cualquier nombramiento oficial y genera dudas alrededor de una premura innecesaria. Harían bien las autoridades en recordar que deben actuar acorde a la institución que representan.
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