Los costos de la irresponsabilidad fiscal: la experiencia peruana

Hace algunos días, el actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que, por segundo año consecutivo, el Perú incumplirá su regla fiscal. ¿Qué tanto hemos cumplido la legislación fiscal en años anteriores?

Desde la creación de la primera regla fiscal peruana en 1999, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) pocas veces rompió la regla, en gran parte, por los altos costos reputacionales asociados. De hecho, antes del incumplimiento del 2023, solo hay registro del período 1999-2002, cuando, ni usando límites transitorios, se pudo lograr un déficit fiscal menor de 2% del PBI. En adelante hasta el 2022, el MEF siempre cumplió las modificaciones legales transitorias, incluso en escenarios de alto estrés fiscal como la Gran Recesión del 2008, donde honró su compromiso fiscal, al registrar un déficit por debajo del límite de 2% del PBI. Así fue como llegamos a ser un referente de responsabilidad fiscal en la región.

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La situación fiscal del 2023 no parecía un desafío mayor que el experimentado en el 2009 o durante el fenómeno de El Niño del 2017, ejemplos en los que se logró la consolidación fiscal. En los años 2023, 2024, 2025 y 2026, según la Ley 3154, el déficit fiscal peruano solo tenía que converger a un límite fiscal menor de 2,4%, 2%, 1,5 y 1% del PBI, respectivamente. Dado que el déficit fiscal del 2023 fue de 2,8% del PBI y a marzo del 2024 el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses asciende a 3,3% del PBI, no cabe dudas de que el MEF ha puesto en riesgo la credibilidad del país.

En América Latina, el incumplimiento de las reglas fiscales no es el común denominador. De toda la región, solo México en el 2022 anunció un rompimiento de sus objetivos fiscales, luego de ocho años manteniendo el compromiso de su regla.

Las reglas fiscales fuerzan a los gobiernos a ser prudentes con las finanzas públicas y su incumplimiento genera múltiples costos para nuestra economía. El primero es una reducción de la calificación crediticia, traducido en mayores costos de financiamiento. Cuando el MEF está en un proceso de consolidación fiscal, está obligado a generar superávits primarios, es decir, a gastar muy por debajo de sus ingresos, caso contrario, nunca convergerá a su regla fiscal. Estos riesgos son internalizados rápidamente por las calificadoras de riesgo.

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Eso es lo que ha ocurrido el pasado 26 de abril con el Perú. S&P Global Ratings redujo la calificación de la deuda soberana peruana de BBB a BBB-, lo que acerca al país a solo un peldaño de perder el estatus de grado de inversión, un estatus que nos costó construir casi tres décadas y que podríamos perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Una menor calificación implica mayores costos de financiamiento y, por lo tanto, mayores pagos de intereses. En un país pobre como el Perú, de escasos recursos, este excedente podría bien ser utilizado para financiar colegios o programas sociales en vez del pago de intereses.

El segundo efecto es una pérdida de credibilidad y confianza de los inversionistas. Cuando el gobierno no puede gestionar las finanzas públicas responsablemente, los inversionistas entienden que el país tiene problemas de credibilidad, lo que forzará a los empresarios a emigrar e invertir en economías vecinas que sean más estables, como es el caso de Colombia y Chile. Esto implica una erosión en la inversión privada, que es vital para impulsar el empleo y el crecimiento económico del país.

Antes de que el actual MEF decida incumplir la regla fiscal vigente, debería hacer un ejercicio contrafactual: ¿cómo hubiera sido la evolución de nuestras finanzas públicas si en las últimas cinco administraciones no hubieran cumplido las reglas fiscales?