Álvaro Ríos,

Hoy la mayoría de los pozos petroleros de la cuenca de Talara se encuentran en una fase declinante de su producción desde hace más diez años, no solo porque las reservas de este hidrocarburo son finitas (60 años en actividad), sino también porque no se han dado las condiciones para que se inviertan en exploración y explotación adicional.

Antes no debemos perder de vista que desde hace varios años invertir en exploración y explotación de hidrocarburos en Perú es muy complicado, por la alta tramitología, la ausencia y debilidad del Estado para manejo de conflictividad social en las zonas aledañas a los yacimientos, como la debilidad de la infraestructura para el traslado del recurso (constantes rupturas provocadas del oleoducto, por ejemplo), entre otros.

En el Congreso peruano se vienen discutiendo varios proyectos de ley para retroceder hacia la estatización de 6 lotes petroleros a través de Petroperú o para prorrogar los contratos por 10 años más con las empresas privadas, cuyos contratos de concesión están próximos a vencer entre 2023 y 2028. Un tema sin duda controversial y complejo, pero que merece análisis imparcial que lo trataremos a continuación.

Hoy existen tres alternativas para el futuro de estos lotes. Lo importante y recomendables es que los lotes reciban inversión adicional para seguir produciendo hidrocarburos adicionales en Perú “lo más pronto posible”. De no darse esta situación, el canon e impuestos seguirán para abajo y no podrán incrementarse, lo mismo con el empleo multiplicador en la zona y por último se siga importando crudo adicional necesario para la refinería de Talara en vez de incrementarlo.

La primera opción y preferente desde nuestro punto de vista, es sin duda que Perupetro licite los lotes en un proceso transparente y abierto. Los postores deben tener la capacidad técnica y solvencia para realizar rápidas y oportunas inversiones para levantar producción en estos lotes. Si Petroperú puede participar sola o asociada y cumple con los requisitos establecidos por Perupetro, debe ser bienvenida.

Sin embargo, si Perupetro no puede avanzar en este proceso por razones políticas o que escapan a su decisión de licitar los lotes, quedan dos caminos que analizaremos a continuación. En este entendido y observando los tiempos, es prudente que Perupetro se dé un plazo “no más allá de finales de 2022″ para dejar de lado la licitación y considerar opciones para que los lotes no queden sin inversión y con declinante producción, en vez de poderla levantar con los beneficios ya anotados.

Una que se maneja en el Congreso, es que los concesionarios privados de estos lotes se les amplié la concesión por 10 años más y que Perupetro establezca metas claras para inversión y fiscalice estas inversiones que permitirán levantar la declinante producción. Estos beneficios se los puede contabilizar muy fácilmente con la potencialidad y los programas de trabajo que he podido revisar.

La segunda opción, en el otro extremo del péndulo que se debate, es si se dejan vencer los contratos de Petroperú quedan para gestionar las inversiones necesarias eficientemente sobre estos activos y realizar las inversiones necesarias. Varias preguntas surgen a continuación y las principales con relación al ámbito de su capacidad financiera de poder invertir oportunamente y levantar producción.

¿Es razonable que Petroperú tome la posta? Recientemente el Ministerio de Economía peruano le lanzó un salvavidas de US$750 millones. Además, Petroperú tiene elevadas deudas contratadas para modernizar la refinería de Talara. En resumen, su situación financiera no es adecuada para tomar estos lotes, invertir rápidamente y levantar producción necesaria.

Analizando aspectos de otras experiencias, la pregunta que surge es por qué el Lote 192 a cargo de la estatal lleva más de 15 meses paralizado, a pesar de que en su momento contó con la opción de tener un aliado estratégico con la canadiense Altamesa. Algo similar sucede en el lote 64, que en 2020 dejó de contar con Geopark como socio.

Finalmente, en el caso del lote I en Talara, la estatal solo tiene la administración temporal por dos años, tiempo en el cual claramente es imposible generar un plan de inversiones.

Como puede apreciarse, la posibilidad de que Petroperú cuente con un socio estratégico para el desarrollo de estas operaciones es algo difícil mientras el entorno del sector energía y minas en Perú no sea el más propicio y Petroperú no obtenga un blindaje del poder político de turno, que en el último año en particular le ha hecho mucho daño. En ese contexto es que es muy probable que Petroperú, una vez le sean concedidos los lotes, pueda no conseguir socios para invertir y levantar producción.

Es por esto que la mejor opción es que Perupetro acelere la licitación de los bloques y se ponga una fecha final para hacerlo, como fin de año, por ejemplo. La segunda alternativa es sin duda una de las leyes que se tramita en el congreso y que busca ampliar a los concesionarios actuales por 10 años la concesión bajo un plan de inversiones impulsado y propuesto por Perupetro.

Lo importante no es quién tiene los lotes, si es el Estado o son los privados. Lo importante es que se invierta y se revierta la declinación de la zona con los beneficios ya anotados de incremento en el pago de canon e impuestos, más empleos y menores importaciones que sacan dólares del Perú.

(*) El autor también es Exsecretario ejecutivo de Organización Latinoamérica de Energía (OLADE) y exministro de Hidrocarburos de Bolivia.

Álvaro Ríos, Socio director de Gas Energy Latín América y ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia