La magnitud social y económica de la minería no formal es muy considerable. Se estima que emplea en todo el territorio nacional a más de 400.000 personas y que produce más de un millón de onzas anuales. Es decir, ingresan a nuestra economía, de manera informal, más de US$1.700 millones cada año.
La primera diferenciación necesaria es la siguiente: minería subterránea que extrae oro de vetas angostas, por lo general en zonas alto andinas; y la extracción de oro de lechos en ríos amazónicos.
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En minería de vetas angostas, la experiencia exitosa en otras jurisdicciones ha sido organizar los trabajos mineros subterráneos (aguas arriba) a través de cooperativas, lo que permite que los trabajadores cuenten con prestaciones de salud y previsión social, tengan acceso a financiamiento competitivo, adquieran insumos y equipamiento no sobrevalorados; y en la etapa de procesamiento metalúrgico del mineral extraído (aguas abajo) promover su tratamiento a través de un número limitado de plantas, que permite fiscalizar sus actividades, y así proscribir el empleo de mercurio, asegurar la gestión correcta del depósito de relaves y el registro fidedigno de la producción aurífera.
En minería de placeres auríferos, los mismos que se han generado a través de la erosión durante millones de años de las vetas alto andinas, la explotación debe proscribirse en zonas de exclusión ambiental, como parques nacionales que deben preservarse por su riqueza en flora y fauna; y podría formalizarse a través de una operación integrada: extracción y procesamiento que no emplee mercurio, sino métodos gravimétricos y que mantenga un procedimiento secuencial entre zonas en extracción y zonas en remediación.
En ambos casos la formalización tiene que abordar el deslinde de responsabilidades ambientales, civiles y penales; entre el titular de la concesión minera y la entidad (cooperativa) que hace usufructo del espacio.
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Consideramos que la formalización diferenciada es la manera sostenible de incorporar a la economía nacional esta producción aurífera, porque permitirá eliminar todas las distorsiones propias de una actividad al margen de la ley, incrementará de manera significativa su productividad y por ende, solventará los mayores estándares sociales, ambientales y tributarios requeridos.
Le corresponde al Estado peruano liderar este esfuerzo, priorizando a los más de 400.000 trabajadores que deben formalizarse correctamente, y reconociendo que detrás de esta actividad económica no formal existen mafias que vienen lucrando impunemente.
