Populismo, ¿quién da más?, por Alek Brcic Bello

Probablemente más motivados por la campaña electoral en ciernes que por la pandemia, desde el Congreso más regalón de la historia reciente no dejan de sorprender. A cada medida populista e inconstitucional, le sigue otra igual o peor.

Tras casi cuatro meses de gestión, el reglamento del Poder Legislativo y la Constitución deben haber quedado olvidados en algún cajón de las oficinas de los parlamentarios cuando empezaron a teletrabajar. Por ahora, lo único que importa es poner en agenda medidas efectistas que alcancen a la mayor cantidad de personas.

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¿Cancelar unilateralmente el cobro de peajes? Aprobado y promulgado por insistencia. ¿Permitir el retiro extraordinario del 25% de los fondos privados de pensiones? Publicado en El Peruano con sesión de fotos incluida. ¿Suspender el cobro de intereses y otorgar un periodo de gracia al pago de créditos en los bancos? Listo el dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Devolver los aportes a la ONP para aquellos que no tengan 20 años contribuyendo? Todo en orden para la Comisión de Economía (y de paso que se incluya también un bono para los aportantes activos).

Medidas así hacen bastante ruido para especialistas nacionales y extranjeros. Jaime Reusche, vicepresidente y senior credit officer de Moody’s, por ejemplo, señaló en una entrevista publicada en este Diario que lo que el Parlamento está buscando es “la gratificación de corto plazo con medidas muy populistas pero que pueden ser irresponsables en el largo plazo” (una descripción precisa de la situación).

A eso se suma también el reclamo de algunos funcionarios. La semana pasada, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, le recordó al Congreso que “el Perú no acaba con las elecciones”. Y días antes, el presidente del Banco Central (BCR), Julio Velarde, mencionó que los legisladores “están jugando con fuego”.

Nada de esto, por supuesto, parece perturbar los ánimos que hoy residen en la segunda cuadra de la avenida Abancay. Basta sino con escuchar al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna, cuando llama una “propuesta” a la advertencia de Julio Velarde sobre los riesgos de pánico financiero y la reducción de oferta que traería la medida que congela el pago de créditos.

Mientras tanto, las iniciativas populistas continúan. La semana pasada, la legisladora Matilde Fernández, de Somos Perú, propuso que el pago de aguinaldos y gratificaciones de diciembre para los trabajadores del sector público se haga efectivo en la planilla de agosto. Esto, como medida de reactivación económica frente al coronavirus.

En concreto, la norma alcanzaría a aquellos servidores públicos cuya remuneración sea menor a S/8.600 (dos UIT) y el aguinaldo tendría un tope de S/300. Esto, indistintamente de si la persona lo requiere y a pesar de que los congresistas no tienen capacidad de gasto en sus propuestas.

La iniciativa de Fernández, sin embargo, no es la única idea populista y con pobre sustento que ha visto la luz en el Congreso en los últimos días. Desde el Frepap, por ejemplo, se ha presentado un proyecto de ley que ordena que el pago de la matrícula para estudiantes universitarios y de institutos tecnológicos sea postergado hasta por dos años sin multas o moras. Y al congresista José Luis Ancalle, del Frente Amplio, no se le ha ocurrido mejor idea que promover una iniciativa para expropiar las plantas de fabricación y los establecimientos de distribución de oxígeno medicinal.

A este paso, no parece estar lejos el día en que el Parlamento presente un proyecto de ley que busque ordenar al Banco Central imprimir cien mil soles para cada peruano “a fin de superar los efectos económicos generados por la pandemia del COVID-19”. Total, para una gran mayoría de legisladores, una norma como esa no afectaría al erario nacional y, más bien, beneficiaría a la ciudadanía.

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