Post mórtem, por Alonso Segura [Opinión]

POR ALONSO SEGURA, EX MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Pese a cuestionamientos de múltiples frentes, el gobierno ha justificado la adenda del aeropuerto de Chinchero con dos argumentos: que la adenda le genera un ahorro de US$590 millones al Estado y que “el contrato estaba mal”, y por tanto esta era la única salida posible. ¿Eso es correcto?

El argumento del ahorro es ficticio. Debido al esquema piramidal que usó el concesionario para inflar los intereses, hasta 22%, el propio MTC le rechazó la estructura financiera que propuso al Estado señalando que la metodología de cálculo para el costo de financiamiento no se ajustaba a prácticas usadas en mercados financieros. Tampoco a la metodología establecida en el contrato. 

¿Qué propuso el concesionario? Tomar una deuda no de US$265 sino de más de US$550 millones, lo que duplica la tasa lograda en mercado de 7% a 14%. No incluyeron intereses en su oferta económica pese a que Ositrán y Pro Inversión –al publicarlo oficialmente antes del concurso− señalaron que debían hacerlo; luego interpretaron que esa partida de 2,5% sobre tasa promedio de cierre financiero era un “regalo” del Estado. Además bastaba acreditar recursos y utilizar desembolsos diferidos, pero ellos querían depositar los fondos desde el primer día. Así siguieron inflando, para compensar una oferta, que hoy se comprueba, era temeraria. Con respecto al contrato, este sí tiene las salvaguardas necesarias para proteger al Estado, incluyendo la facultad de rechazar propuestas que le generen “perjuicio económico”. Prueba de ello es que el MTC la rechaza. Pudo exigir otra que se conforme a las condiciones del contrato, inclusive bajo amenaza de caducidad. Pero el gobierno no lo hizo. ¿Riesgo de Ciadi? Los árbitros en este foro identifican comportamientos oportunistas, pues evalúan la conducta de las partes. No hubieran tenido chance.

ALTERNATIVAS

¿Esta adenda era entonces la única salida? No. El Estado tenía una posición de fuerza para negociar, pues el incumplimiento era del concesionario. ¿Se imaginan qué significa perder un contrato de US$500 millones de inversión y operación por 40 años para un concesionario ilíquido? Sin embargo, es el gobierno el que propone la adenda. ¿Y qué beneficio sacó el Estado a cambio de asumir las obligaciones y riesgos del concesionario? ¿Reducir el plazo de concesión? ¿Incrementar los ingresos de la misma? Nada. Peor aun, según documentos públicos, para justificar la adenda, el MTC usó argumentos exactamente opuestos a aquellos que usó días antes −y sostenidos por Pro Inversión y Ositrán desde el concurso− para rechazar la propuesta de financiamiento. Curioso, ¿no? 

Lamentablemente, el daño no se limita a esta concesión, sino que afecta sustantivamente la institucionalidad del sistema de asociaciones público-privadas (APP). Esta adenda viola los principios rectores de una APP −no modificar condiciones de competencia, preservar valor por dinero y no modificar matriz de riesgos−, genera un precedente peligroso y afecta la credibilidad de las entidades encargadas de aplicar la normativa, empezando por el MEF. 

¿De qué sirve un marco legal de última generación, aprobado por la OCDE a inicios del 2016, si se aplicará antojadizamente desvirtuándolo por completo?

Además, se ha violentado la autonomía regulatoria que no debe someterse a la voluntad del gobierno de turno. La renuncia de la presidenta y toda la línea técnica del regulador Ositrán se dio en medio de una fuerte controversia en torno a la forma y fondo del voto en su directorio. Más aun, la inclusión de un representante del MTC (poder concedente, de quien el regulador debe mantenerse imparcial) en el comité de selección para presidente de Ositrán es inaudita (¿se habrá verificado que no existan conflictos de interés en otros miembros?). Todo esto ha llevado a cuestionamientos de parte de los gremios representados en el Consejo de Usuarios de Aeropuertos, en carta dirigida a la PCM, el MTC y el MEF.

¿Estamos preparados para las consecuencias de esta decisión? Ahora más que nunca, se requieren transparencia y predictibilidad.