Se nos acaba el tiempo, por Alfonso de la Torre

La economía peruana lleva cinco años de desaceleración, en línea con el resto de Latinoamérica. Sin embargo, lo que empezó como un choque externo producto de una fuerte caída en los precios de los metales, así como condiciones financieras internacionales menos favorables, con el tiempo se ha transformado en un ‘nuevo normal’.

El Perú simplemente ya no crece como antes, y aunque el contexto internacional sigue siendo relevante, los factores internos poco a poco adquieren un papel preponderante. Esto se ha visto reflejado en nuestra calificación soberana, por ejemplo, la cual se ha estancado en los últimos años después de exhibir mejoras sucesivas durante una década. De hecho, cabe preguntarse si el menor ritmo de crecimiento, combinado con un deterioro sostenido en los ámbitos institucional y político, podría llevar a revisiones a la baja en los próximos años.

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En ese sentido, el deterioro en la calidad de nuestras políticas públicas ha jugado un rol clave. En 2016, con la llegada al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, iniciativas importantes para multiplicar los motores de crecimiento, como las mesas ejecutivas, por ejemplo, perdieron apoyo. En su lugar, el gobierno optó por priorizar el ‘destrabe’ bajo la teoría de que reducir la ‘tramitología’ gatillaría un círculo virtuoso de mayor confianza e inversión.

Este último enfoque resultó ser superficial, no porque la reducción de costos de transacción con el Estado no fuera importante, sino porque distaba mucho de ser suficiente para resolver los problemas de productividad que enfrenta la economía peruana. El abandono de una política productiva moderna nos ha costado mucho y nos mantiene altamente vulnerables a choques externos como el experimentado en el 2014.

Al enfoque en el destrabe se sumó una estrategia para combatir la informalidad que puso demasiado énfasis en las variables incorrectas. La meta a mediados del 2016 era reducir la informalidad de 70% a 50% a través de incentivos tributarios para pequeñas y medianas empresas, así como mayor fiscalización por parte de Sunafil.

Esta priorización de los costos de la informalidad, sin embargo, vino a expensas de esfuerzos por elevar sus beneficios. Iniciativas de transferencia tecnológica como los CITE o las propias mesas ejecutivas buscaban potenciar nuevos sectores que absorbieran la masa laboral generando así ganancias en productividad, lo cual facilita la formalización. Nuevamente, se trata de decisiones de política que nos han hecho retroceder en lugar de avanzar.

Esto no tiene que ser así. Todavía podemos retomar los esfuerzos por construir sobre nuestra fortaleza macroeconómica, pese a que en años recientes estos han sido abandonados, debilitados o bloqueados. El caso de la diversificación productiva es un ejemplo evidente, pero no es el único. Lo mismo aplica a las reformas en materia laboral o de servicio civil. El contexto externo ha cambiado y el tiempo para dar el salto cualitativo a un mayor nivel de desarrollo se nos acaba, pero todavía estamos a tiempo de enmendar el rumbo.