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El 17 de octubre se darán a conocer los ganadores de la vigésima edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2024. No puedo adelantar los resultados, aunque quisiera, ni las las experiencias que más han sorprendido, tanto al equipo técnico como al jurado. Sin embargo, comparto un tema a modo de reflexión: la relación entre tecnología y democracia.

Recuerdo con cariño una de las postulaciones presentadas en los primeros años del Premio, cuando recibíamos físicamente los formularios de inscripción: la experiencia estaba escrita en papel “cebolla” y donde una máquina de escribir había dejado sus huellas negras para describir puntualmente los logros, como quien relata los hechos ocurridos en un perfecto parte policial. No se adjuntaban evidencias de sustento, pero se percibía orgullo por el trabajo realizado.

Hoy la cosa ha cambiado: las postulaciones se presentan a través de una plataforma digital y los gestores de las experiencias adjuntan un gran número de evidencias como fotos, estadísticas, aplicaciones, módulos en página web, entre otros. La tecnología llegó para quedarse en nuestra sociedad y, si bien el sector público va más lento en este desafío, existe un esfuerzo por digitalizar el Estado y hacerlo más ágil, más eficiente y cercano a la población.

Algunas instituciones públicas han logrado introducir la tecnología para divulgar información, atender 24/7 e integrar datos para reducir pasos en diversos trámites. También se utiliza para generar procesos de fiscalización más eficientes y predecibles, tanto para la entidad pública como las empresas y personas fiscalizadas. Su aplicación alcanza a sectores como salud, educación, justicia o atención a las poblaciones vulnerables.

Sin embargo, el avance es desigual, dependiendo de la geografía, los recursos económicos, capacidades y talento existentes en el sector público, y lo más importante, la heterogeneidad y desigualdad de condiciones de la ciudadanía, en muchos casos carente de tecnología o analfabeta digital.

Con todo, cabe preguntarnos qué es lo que estamos compartiendo con el Estado y qué uso se le está dando. Durante la pandemia del Covid 19 y postpandemia, hemos compartimos nuestros datos a través de los celulares e Internet para recibir información, conectar a los estudiantes a las plataformas educativas, recibir una vacuna o atención médica, declarar la muerte de un ser querido, o solicitar un beneficio social. ¿Qué nos garantiza que nuestros datos no sean transferidos a terceros o sean utilizados para vigilarnos indebidamente? De una u otra forma, nos están mirando.

Las mejores prácticas identificadas a través del Premio tienen presente que la tecnología no debe vulnerar derechos ciudadanos, y por ello establecen protocolos informados para el buen uso de los datos. Más aun, establecen mecanismos para la planificación e implementación adecuada de las nuevas tecnologías, así como sistemas de evaluación y monitoreo a lo largo de su vida útil que determina cuándo debe ser fortalecida o cuándo desechada. Incluso, las prácticas más innovadoras construyen nuevas plataformas o mejoran las existentes involucrando a las personas y empresas, para divulgar beneficios, entender los desafíos, los miedos y encarar juntos los peligros, haciendo que la tecnología esté al servicio de la democracia. Esa debe ser la consigna.