AFP: Rentabilidad en azul en febrero a pesar de Graña y Montero
AFP: Rentabilidad en azul en febrero a pesar de Graña y Montero

El Gobierno decidió observar los cambios a la ley de aprobada por el Congreso el pasado 13 de mayo por considerarla antitécnica e inconstitucional, según el documento enviado al Parlamento este viernes.

Dos son las normas que cuestiona el Gobierno: la que permite el retiro del 25% del fondo de AFP en cualquier momento para financiar la cuota incial o amortizar el crédito hipotecario, y el permitir que el 95,5% del fondo sea retirado por quienes se acogieron al retiro programado o la jubilación anticipada.

Retiro del 25%
En cuanto al retiro del 25%, el Gobierno sostiene que se reducirá la rentabilidad del fondo en general, debido a que ante la posibilidad de tener que vender rápido las acciones para pagar a quien quiera retirar su dinero, las AFP deberán invertir en activos más líquidos, los cuales tienen menor rentabilidad.

Además, se reducirá el monto de la pensión de quieres hagan el retiro. Se calcula que las pensiones bajarán 11% si una persona realiza el retiro a los primeros 10 años de aporte, 18% si lo hace a los 20 años y 22% si lo hiciera a los 30 años.

También se ha señalado quela norma genera un riesgo moral, pues incentiva a los bancos, financieras, cajas y demás instituciones a relajar el nivel de exigencia para dar préstamos hipotecarios fijándose solo si se cuenta con el dinero para dar la cuota inicial. Ello podría provocar luego una crisis en el sistema financiero.

Se critica tambien que afecta la intangibilidad de los fondos de pensiones (el derecho de las personas a la seguridad social) consagrado en la Constitución.

Retiro 95,5%

Sobre permitir el retiro del 95,5% a quienes se jubilaron anticipadamente, o los que se acogieron al retiro programado, el Gobierno advierte que ello traslada los riesgos de longevidad y de retorno a los afiliados.

En este caso también se indica que se afecta la intangibilidad constitucional de los fondos de pensiones e implicaría el incumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos.

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