Actualmente, la brecha de infraestructura a largo plazo (2016-2025) en el Perú está calculada en US$160.000 millones, según cifras del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Sin embargo, la cartera de proyectos en Pro Inversión solo asciende a US$6.346 millones.
Si se observa la brecha según ámbito urbano y rural, esta es más profunda en el segundo caso. Ejemplo de esto es la falta de infraestructura de desagüe, en que 6,2 millones de personas en zonas rurales no cuentan con acceso a este servicio, señala Pablo Secada, economista jefe del IPE.
La brecha más pronunciada se encuentra en el sector transporte, la cual asciende a US$57.499 y, de este monto, el 20% corresponde a inversión en carreteras.
Secada atribuye el problema de infraestructura a la ausencia de un plan nacional para este sector. Asimismo, afirma que el Estado no diseña bien los proyectos, tanto públicos como público-privados, debido a la falta de capacidad de sus funcionarios. El economista del IPE asocia este problema con la corrupción.
El experto identifica como solución crear un plan nacional de infraestructura, reestructurar Pro Inversión para garantizar un mejor diseño de los proyectos y promover mecanismos como OxI y asociaciones público-privadas.